Dilma recibió el respaldo de movimientos sociales esta semana en Brasilia.

Las organizaciones empresarias y las centrales sindicales de Brasil rechazaron ayer la posibilidad de que se avance en el pedido de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

La Central Unica de los Trabajadores, la mayor del país, y representantes de Fuerza Sindical, la segunda organización más poderosa, dieron a conocer un comunicado conjunto, publicado como solicitada en diarios, en respaldo de la estabilidad institucional. “Es necesario tener una posición clara en defensa de la democracia, es necesario el pleno funcionamiento de los poderes”, dijeron los sindicatos, que instaron a “desmontar el escenario de desestabilización”.

El titular de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, se declaró en contra del impeachment porque “las instituciones deben ser respetadas y Rousseff fue elegida”. “Esto es algo que tiene que ser respetado y debemos ayudar a construir un país dentro del sistema político que tenemos”, afirmó.

Aunque juzgó que deben adoptarse “medidas económicas” que frenen la crisis, Andrade evaluó que “hoy Brasil está más maduro” que durante la presidencia de Fernando Color de Mello –removido por el Congreso–, cuando “había una inflación superior al 200 por ciento al año”. Para el empresario, “hoy hay más estabilidad, y no llegamos al fondo del pozo, pero es necesario que se tomen medidas económicas”.

En el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, también se aguarda con expectativa lo que pueda ocurrir el domingo.

Por otra parte, la Policía Federal de Brasil informó ayer que investiga hechos de supuesta corrupción en la adjudicación y ejecución de las obras del estadio Arena Pernambuco, uno de los doce usados en el Mundial de Fútbol celebrado en el país el año pasado. El comisario Felipe Barros Leal confirmó en rueda de prensa que ayer fueron realizadas varias operaciones policiales en Recife, donde se sitúa el estadio, así como en otras seis ciudades del país, que incluyeron allanamientos a oficinas de la empresa Odebrecht, a la que en 2010 le fueron adjudicadas las obras.

El portavoz policial explicó que existen “fundadas sospechas” de que hubo “fraudes” en el concurso público para la concesión de las obras y también que el valor del contrato fue inflado irregularmente en 12 millones de dólares, con lo cual llegó a un total de unos 200 millones de dólares.

Odebrecht confirmó que varias de sus oficinas fueron visitadas por agentes de la Policía Federal pero, en una nota divulgada hoy mismo, garantizó que tiene “total convicción de la plena regularidad y legalidad” de ese proyecto.

Mientras tanto la oposición prepara para este domingo otra tumultuosa jornada de protesta contra el gobierno, en la que reclamará la salida del cargo de la mandataria, que se debate entre la crisis económica y el escándalo de Petrobras y cuya popularidad cayó al ocho por ciento, según algunos sondeos de opinión. Convocada en 240 ciudades, la manifestación se extenderá en 26 estados y el Distrito Federal y se espera que tenga su epicentro en la megalópolis de San Pablo, la más populosa del país, que fue el corazón de otras dos gigantescas marchas que este año reunieron casi tres millones de personas.

Las manifestaciones tendrán por primera vez el respaldo explícito del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, centroderecha), cuyo líder, el senador y ex candidato presidencial Aécio Neves, derrotado el año pasado por Dilma, cuestionó esta semana el resultado de las elecciones de 2014 al acusar al gobierno de usar “algunos instrumentos lícitos y otros no, para vencer”.

Kim Kataguiri, un dirigente de 19 años del Movimiento Brasil Libre, que saltó a la fama por sus críticas sarcásticas al gobernante Partido de los Trabajadores en videos de YouTube, dijo que espera una concurrencia masiva. “Esperamos que sea más grande que nuestra marcha anterior es un momento político mucho mejor”, dijo. “Es la primera vez que los tres grandes grupos opositores de las redes sociales (Movimiento Brasil Libre, Revoltados Online y Vem Pra Rua) convocamos juntos una manifestación”, agregó.

Para enfrentar el momento, el gobierno brasileño ha diseñado una ofensiva con el propósito de que la presidenta salga de su aislamiento político y recupere la buena imagen ante la ciudadanía. Rousseff mantuvo esta semana una intensa agenda de reuniones para lo que analistas denominaron “estrategia para vaciar” el impeachment y, en paralelo, aislar a Neves y al jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.