El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que en Bogotá existe una campaña para asesinarlo y advirtió que ese plan tiene “la anuencia, la vista gorda” del gobierno de Juan Manuel Santos. Sus declaraciones desde Vietnam suceden en momentos de tensión entre ambos vecinos. Mientras su gobierno mantiene el cierre indefinido de parte de la frontera con Colombia y persiste el estado de excepción, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González, pidió ayer a la organización hemisférica que no se quede callada ante la deportación de ciudadanos colombianos de Venezuela. El embajador se mostró indignado ante la expulsión de compatriotas sin documentación. “Todo ser humano, y aun si estuviera en un país sin papeles, merece ser tratado con dignidad y con debido derecho y esto es lo que vamos a exigir”, sostuvo. Sin embargo, la OEA rechazó ayer la solicitud colombiana de discutir la crisis bilateral en una reunión especial de cancilleres.

Un contingente de 180 militares arribó ayer al estado Táchira, en la frontera con Colombia, en aviones Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana. Los efectivos son parte de los 3000 militares que Maduro ordenó desplegar en la zona de seguridad 2 de esa localidad, que abarca los municipios de Ayacucho, García de Hevia, Lobatera y Panamericano. En esa conflictiva región es donde el gobierno dispuso realizar un censo, según un decreto divulgado en la gaceta oficial. “Se crea el Registro Unico para la Restitución de los Derechos Sociales y Económicos en la Frontera, con la finalidad de recabar y proporcionar información actualizada, la cual permitirá elaborar estadísticas oportunas y confiables que orienten la toma de decisiones”, señala el decreto 1959. El censo recabará datos sobre población, viviendas, establecimientos comerciales e industriales, infraestructura, servicios públicos, actividades económicas y áreas agrícolas.