El 11 de enero se sentará en el banquillo de los acusados Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, imputada en un caso de corrupción junto a su marido, Iñaki Urdangarin. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca notificó ayer la fecha del inicio del llamado en España “juicio de la década”, que podría prolongarse durante varios meses. En tanto, el fiscal y los abogados de las partes fueron citados el próximo 23 de octubre para fijar el calendario de sesiones.

La hija del medio del rey emérito Juan Carlos será el primer miembro de la familia real española en ir a juicio ante un tribunal. Sólo la acusa la agrupación Manos Limpias, que reclama para ella una pena de ocho años de prisión. Uno de sus abogados, Miquel Roca, descartó ayer que se condene a la infanta y confió en que se le aplique la llamada “doctrina botón”, que impide enviar a un imputado a juicio contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como es el caso. “No se puede sostener una acusación en base a una simple acusación popular, cuando ni el abogado del Estado ni el Ministerio Fiscal señala que existe ningún tipo de infracción en un delito de pretendida naturaleza tributaria”, dijo Roca.

Cristina, de 50 años, y Urdangarin, de 47 años, están imputados junto a otras 16 personas en la causa que investiga el llamado “caso Nóos”, una supuesta trama de corrupción tejida en torno del Instituto homónimo, entidad sin ánimo de lucro ligada al deporte que fue presidida por Urdangarin. En diciembre, el juez José Castro de Palma mandó al banquillo de los acusados a la hermana de Felipe VI al considerarla sospechosa de ser cómplice y “cooperadora necesaria” de dos supuestos delitos fiscales presuntamente cometidos por su esposo. La infanta pidió entonces, sin éxito, ser absuelta. Alegó que firmó sin pedir explicaciones los escritos que le presentó a su marido, con quien poseía una sociedad a medias.

Por su parte, Urdangarin, ex jugador profesional de handball, será juzgado por haberse apropiado supuestamente de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. Está acusado de presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude y estafa. La Fiscalía pide para él 19 años y medio de cárcel. El instituto Nóos cerró acuerdos de patrocinio y convenios de colaboración para celebrar eventos y campañas con las comunidades autónomas de Baleares, la Comunidad Valenciana y también con la de Madrid.

El juicio del “caso Nóos” despierta una gran expectación mediática. Según informó ayer el tribunal de Baleares, las sesiones abiertas se desarrollarán en un aula de docencia de la Escuela Balear de Administración Pública, en un edificio de servicios en el polígono de son Rossinyol, frente a la cárcel de Palma de Mallorca. No es la primera vez que este espacio alberga un gran proceso. En otras ocasiones, debido al número de imputados, presos y abogados, fueron llevados a cabo en ese lugar al menos dos macrojuicios por narcotráfico. Habrá en total 363 testigos, entre ellos algunos nombres conocidos de la política nacional, como el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón o el ex ministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato. La audiencia de Palma rechazó que Felipe VI declare como testigo, tal y como había pedido la defensa del ex socio el yerno del monarca.

El escándalo del “caso Nóos” fue el mayor golpe para la corona española en los casi 40 años de reinado de Juan Carlos I. El entonces monarca, inmerso en una gran crisis de imagen y desconfianza por parte de los ciudadanos, abdicó en favor de su hijo en junio de 2014.