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En el otro largo período histórico de desarrollo con distribución de renta en América latina –especialmente entre los años 1940 y 1970–, el modelo era compatible con las tendencias históricas del capitalismo a escala mundial. Asimismo ese modelo encontraba a significativos sectores del gran empresariado cuyos intereses fundamentales eran contemplados.

Lo extraordinario, desde ese punto de vista, del actual ciclo de desarrollo económico con distribución de renta en el continente, es que se da a contramano de las tendencias históricas del capitalismo en el mundo y se choca con los intereses de partes importantes del gran empresariado.

¿Cómo fue posible que algunos gobiernos latinoamericanos hayan podido avanzar en ese modelo y cómo es posible que sigan avanzando? Las visiones economicistas, con su enfoque reduccionista, se apresuran en afirmar que todo fue posible gracias a los precios altos de los productos primarios de exportación. Pero hubo tantos otros períodos con esos precios en alza y nada de similar ocurrió. Es un condicionante externo, que puede ganar más o menos importancia, pero que no es determinante en la existencia de gobiernos que promuevan el desarrollo con distribución de renta y extensión de derechos sociales a la gran massa de la población.

Lo fundamental fue y sigue siendo la determinación de gobiernos de promover la prioridad de las políticas sociales, desarrollando un modelo de crecimiento económico estrechamente vinculado con la extensión del mercado interno de consumo popular. Esa opción es lo que ha permitido a esos gobiernos aprovechar la valoración relativa de los precios de los productos de exportación para resistir la recesión internacional y mantener niveles de crecimiento económico, siempre vinculados con la distribución de renta.

Ese fue el primer y fundamental factor que ha hecho que países como Bolivia, Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina y Ecuador se hayan puesto a contramano de las corrientes predominantes a escala mundial. En este plano sigue vigente la hegemonía del modelo neoliberal, tal como demuestra la crisis empezada en el centro del capitalismo en 2008 y todavía vigente. Las políticas de austeridad son la forma específica del neoliberalismo de enfrentar la crisis, ahondando la recesión, cortando derechos de los más débiles, concentrando todavía mas la renta, reafirmando el rol predominante del capital especulativo.

Mientras que los países mencionados han enfrentado la crisis recesiva internacional y sus efectos internos en cada pais con medidas anticíclicas, fortaleciéndose con los bancos públicos, con medidas de incentivo como créditos a la producción y al consumo, con la extensión de las políticas sociales.

El otro factor característico de la forma en que esos países se han desarrollado a contracorriente de las olas internacionales ha sido el incentivo a la conciencia y a la organización social del pueblo. Enfrentando los monopolios privados de los medios de comunicación, a la difusión masiva de un estilo de consumo egoísta, se pudo resistir –en cierto medida– a la hegemonía de la ideología neoliberal, como elemento más fuerte de ese modelo a escala nacional e internacional.

Cuando esos gobiernos lograron articular esos dos elementos –prioridad de efectivas políticas sociales y movilización de la conciencia popular–, consiguieron seguir avanzando, como ha ocurrido en gran parte de la década y media trascurrida desde la primera victoria electoral antineoliberal, en 1998, con el triunfo de Hugo Chávez.

La construcción de gobiernos posneoliberales tiene historia desde entonces, con grandes avances, obstáculos, contradicciones y dificultades, que se han manifestado de forma más clara en estos últimos años, exactamente cuando ha habido problemas en alguno de los dos factores que apuntamos o incluso en los dos.

En general los gobiernos posneoliberales tienen problemas cuando sus políticas sociales dejan de funcionar bien o tienen factores opuestos –como la inflación, por ejemplo– que neutralizan o debilitan las conquistas. Se pierden bases sociales de apoyo y se debilita la legitimidad política de los gobiernos.

O cuando, a pesar de aplicar buenas políticas sociales, los gobiernos y las fuerzas de izquierda no son capaces de convencer políticamente a parte importante de los beneficiarios de esas políticas que ellas se deben a una definición de políticas del gobierno y no simplemente a esfuerzos individuales o a alguna suerte o como resultado de alguna bendición religiosa.

La crisis actual de algunos de esos gobiernos se debe a la acción desestabilizadora de la derecha interna e internacional, que actúa sobre los flancos débiles de esos procesos. Estos son, como ya se ha dicho, el estancamiento o retroceso en conquistas sociales por problemas en su implementación y/o por dificultades en la misma política económica, y la acción de los monopolios de los medios privados de comunicación que plantean obstáculos para la conciencia social de la masa de la población.

Ninguno de esos problemas es insuperable, menos aún demuestran el agotamiento del potencial de esos gobiernos. La opción por la prioridad de lo social, por las políticas de afirmación de derechos de los más pobres, de distribución permanente de renta, de extensión del empleo y de garantía del poder adquisitivo de los salarios, de educación y salud de calidad, entre otras políticas, son prioridad permanente en el continente más desigualdad del mundo. A su vez, la capacidad para consolidar de forma irreversible esos procesos está en la conciencia social de las personas, en la conciencia de sus derechos, de quiénes los garantizan y quiénes atentan en contra de ellos.