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Cinco expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declararon ayer su apoyo a la creación de una Comisión de la Verdad sobre las Complicidades Económicas con la dictadura argentina, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que hoy a las 15 será tratada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Los expertos y relatores especiales Pablo de Greiff, Juan Pablo Bohoslavsky, Juan E. Méndez, Virginia Dandan y Alfred de Zayas consideran el establecimiento de la Comisión como “una oportunidad para expandir más el derecho a la verdad en relación con violaciones cometidas con la complicidad o participación activa del sector empresarial. A pesar de la relevancia de los factores económicos ya sea como incentivos o como condiciones propicias para violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, el papel de los actores económicos que contribuyeron, se beneficiaron o participaron directamente en crímenes internacionales sistemáticos es generalmente ignorado. Esta comisión ofrece una nueva perspectiva en los procesos de justicia transicional”.

La Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia fue sancionada por la Cámara de Diputados según un proyecto del diputado Héctor Recalde, que también firmaron sus colegas Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carlos Kunkel, Juliana Di Tullio, Adela Segarra, María Teresa García, Nancy Parrilli, Verónica Magario, Jorge Rivas, Adriana Puiggrós, Edgardo Depetri, Horacio Pietragalla y Carlos Raimundi. El radicalismo apoyó su creación, luego de que se introdujeran modificaciones sugeridas por el ex diputado Ricardo Gil Lavedra y el actual diputado Fabián Rogel, uno de cuyos asesores, Alejandro Olmos Gaona, expuso ante los diputados sobre la necesidad de constituir esa comisión. El proyecto fue aprobado el 24 de septiembre por 170 votos a favor (de los Frentes para la Victoria, Renovador, Amplio Progresista, de la Izquierda y los Trabajadores y por la UCR), con 14 abstenciones (del PRO y de sus aliados en Jujuy y Mendoza). La comisión podrá “instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación”. También se crea en el Congreso un Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que ofrecerá al público los documentos que hubieran sido utilizados por la comisión para la elaboración de su informe final.

El diputado de PRO Pablo Tonelli dijo que no apoyaban el proyecto porque “una comisión del Congreso no puede interferir en el trabajo de la Justicia”. El mismo argumento utilizaron en sendas declaraciones la Unión Industrial, IDEA y el Colegio de Abogados de la Citi de Buenos Aires. Para el Colegio (que tiene entre sus socios a los abogados de las mayores empresas, que contribuyeron a redactar la legislación de facto a partir de 1976 y hoy litigan contra la Argentina ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial y la Cámara de Comercio de París) “el proyecto subvierte el estado de derecho y el debido proceso legal al atribuir a la Comisión la potestad de investigar y señalar responsables, lo cual está prohibido expresamente por nuestra Constitución Nacional conforme la cual se declara la ‘inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona’ y se establece que ‘nadie puede ser penado sin juicio previo’”. Sin embargo, la comisión no tiene atribuciones judiciales ni facultades punitivas y sólo podrá auxiliar a los tribunales mediante el aporte de la información que reúna. La objeción es idéntica a la que en 1983 acompañó la formación de la Conadep, y por las mismas razones.

Según los expertos de Naciones Unidas “dar claridad sobre el papel de estos actores sería una importante contribución a la verdad, justicia, reparación y a la garantía de no repetición”, ya que “la dimensión económica es crucial para entender por qué regímenes que han cometido violaciones graves de los derechos humanos surgen y cómo consolidan su poder”. La declaración firmada en Ginebra recuerda que la obligación de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho concierne tanto al sector público como al privado y menciona el precedente que sentaron hace siete décadas los juicios de Nuremberg “poniendo fin a la impunidad para los delitos de cuello banco”. Los expertos que se congratulan por la creación de este cuerpo parlamentario señalan que debe observar los más altos estándares, para evitar cualquier riesgo de politización, entre los que menciona “la imparcialidad, el debido proceso, la transparencia y la participación” y reclaman que “diferentes actores, incluidas las víctimas, la sociedad civil y los académicos, tengan la posibilidad de participar activamente en el proceso”. También indican que la comisión no podrá juzgar “la responsabilidad criminal de los individuos”, tarea que corresponde a “las autoridades judiciales competentes”.