Página/12 En España

La asociación profesional Jueces para la Democracia nació en 1983 con el objetivo de defender las garantías constitucionales y la independencia de la Justicia en un país que empezaba a reconstruirse tras cuarenta años de dictadura. Hoy, cuando muchos se cuestionan la solidez de esos cimientos democráticos y claman por una profunda reforma, el portavoz de la prestigiosa asociación judicial en Cataluña y magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, Josep Antoni Rodríguez Sáez, reflexiona acerca de la última decisión de uno de esos órganos creados durante la Transición española, el Tribunal Constitucional, que diez días suspendió por unanimidad la declaración independentista lanzada por el flamante Parlamento catalán.

–Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la decisión del tribunal es comprensible. El problema es que estamos ante decisiones de carácter político, porque conceptos como “soberanía” o “nación” extienden su significado mucho más allá de lo que permite el método de análisis jurídico.

–Es sancionable si se incumple el contenido (mandato o prohibición) de una resolución del Tribunal Constitucional, sobre todo porque en octubre se reformó la Ley Orgánica reguladora de dicho tribunal para otorgarle poderes o facultades, de carácter disciplinario, incluyéndose entre las mismas la imposición de sanciones muy graves como la propia inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Nuestra asociación ha sido muy crítica con esa reforma porque, con el ejercicio de tales facultades, se desnaturaliza la función del tribunal en el sistema y pone en serio riesgo su posición neutral como institución básica del Estado de Derecho constitucional.

–Afirmar una pérdida de legitimidad es claramente excesivo y falto de rigor. Lo que sí ha sufrido, en general ante la ciudadanía pero también en los colectivos profesionales de aplicación del Derecho, es una pérdida de prestigio y reputación, debido a que los partidos políticos, durante la última década, han decidido elegir a los magistrados en función de su afinidad política y no de su carrera como juristas, cosa que sí se respetó en los primeros 20 años de vida del tribunal. También es cierto que ha influido mucho el episodio de recusación de un magistrado del tribunal, instado por el Partido Popular, antes de resolverse el recurso interpuesto contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2010. Esa recusación, sin apenas justificación, fue aceptada y decantó la votación final a favor de estimar el recurso, lastrando el Estatuto en sus elementos esenciales. Una parte de la ciudadanía catalana lo vivió como una humillación colectiva y valoró que el tribunal había perdido el valor derivado de su imparcialidad.

–Ese proceso de legislar y prescindir después de los procedimientos que otorgan validez y/o vigencia a las normas será muy complejo. Lo previsible es que desde el gobierno central se acuda sistemáticamente al TC o a los tribunales ordinarios para evitar que las normas emanadas del parlamento catalán adquieran vigencia. Las compañías eléctricas o los bancos podrán alegar que mientras una norma no es válida formalmente o vigente no tienen por qué acatarla o cumplirla. Por eso un argumento importante de los empresarios catalanes contra el proceso de secesión es la etapa de inseguridad jurídica que se abre, según ellos un factor muy negativo para la vida económica del país y motivo de que algunos amenacen con llevar la sede de las empresas fuera de Cataluña.

–La respuesta debería ser negativa. Un jurista no puede defender nunca la legitimidad de la desobediencia de las normas. Pero es un tema muy complejo porque el axioma depende del nivel democrático del Estado en el que se plantee y en este proceso está en cuestión la calidad democrática de los poderes públicos. ¿Existe una opción diferente a la desobediencia? Habrá que ir caso por caso.

–Si lo hace, la ciudadanía no lo entendería y lo valoraría como injustificado. Si alguna cosa quiere la mayoría de la población en Cataluña es mayor autogobierno así que, si les limitan el que ya tienen, es previsible que la idea del independentismo crezca aún más. Es una decisión políticamente muy arriesgada.

–Una declaración de independencia, para tener legitimidad democrática, requiere de unos presupuestos básicos que, en el caso de Cataluña, no están siquiera fijados con claridad. Lo ideal es que tal declaración surgiera, exclusivamente, del resultado de un referéndum, perfectamente regulado y auspiciado desde el Gobierno central.

–El Estado español, si continua con la misma estrategia que ahora, no la vetará, la ignorará. Y seguirá llevando el conflicto a las instituciones, sobre todo judicializándolo.

–Me atrevería a hablar, en general, de preocupación por cómo se está gestionando el proceso o el conflicto (como se quiera), desde una perspectiva política y por parte de ambos bandos, sobre todo por la forma en que están utilizando las instituciones en beneficio de los intereses particulares de los partidos políticos. En cuanto a la separación como vía de saneamiento de la Justicia, creo que se trataría de una visión claramente minoritaria, esencialmente porque la mayoría de los jueces ni siquiera se lo ha planteado.