José Sbattella presentó el viernes su renuncia a la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de una carta en la que denunció presiones de un funcionario cercano al ministro de Justicia, Germán Garavano, para que abandone el cargo, pese a que tenía mandato hasta 2018. “El pedido de renuncia demuestra que no hay voluntad de respetar la ley 26.683, que establece la autonomía y autarquía de la UIF, la cual fue aprobada por todos los bloques y está pensada justamente para garantizar la independencia del organismo frente a los avatares políticos”, sostuvo a Página/12. Pese a ello, decidió no resistir para no afectar el normal funcionamiento de la UIF. “Existe una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia en función de los recursos presupuestarios. Por lo tanto, en caso de no poder desplazarme, ellos podrían haber decidido el vaciamiento económico de las actividades del organismo”, agregó.

–Tal como quedó planteada la situación, si permanezco en el cargo el gobierno de Macri buscaría desplazarme con un decreto de necesidad y urgencia o afectar al organismo con un decreto que desconociera sus atribuciones, como hicieron con Afsca y Aftic. Eso me obligaría a apelar en el foro contencioso administrativo y mientras esa disputa se lleva adelante el funcionamiento de la UIF, un organismo autárquico que necesita de respaldo político e institucional, se vería seriamente afectado. El pedido de renuncia demuestra que no hay voluntad de respetar la ley 26.683, que establece la autonomía y autarquía de la UIF, la cual fue aprobada por todos los bloques y está pensada justamente para garantizar la independencia del organismo frente a los avatares políticos.

–Los fallos recientes de la Justicia demuestran un alineamiento con el Poder Ejecutivo actual que vuelve casi imposible obtener un resultado favorable en toda la cadena de apelaciones que lleva a la Corte Suprema y mientras tanto el funcionamiento del organismo se vería afectado.

–No, pero la decisión que tomó el gobierno de Macri sin duda menoscaba el cumplimiento de la palabra argentina en ese foro y de eso se tendrán que hacer cargo las nuevas autoridades. A partir de nuestro trabajo habíamos logrado que al país le asignaran la vicepresidencia del GAFI Latino a partir de 2016.

–La recomendación 29 del GAFI sostiene que la UIF debe ser independiente del poder político, pero todo eso entra en duda cuando se exige mi renuncia por un cambio en las autoridades políticas. Eso significa atacar una de las recomendaciones del GAFI. Por lo tanto, el GAFI podría pedir explicaciones.

–Ahora las recomendaciones se están cumpliendo y eso hizo que entremos en una etapa de normalidad, pudiendo salir de la lista gris en la que nos habían puesto en 2011.

–No, sólo me comunicó la intención de las más altas autoridades políticas de disponer de mi cargo. Esta situación hacía prever dificultades en el funcionamiento si decidía resistir porque, si bien la autonomía está garantizada, existe una dependencia administrativa del Ministerio de Justicia en función de los recursos presupuestarios. Por lo tanto, en caso de no poder desplazarme, ellos podrían haber decidido el vaciamiento económico de las actividades del organismo.

–No, en ningún momento, pero Conte Grand me habló en representación de Garavano.

–Nos pusieron en la lista de auditorías para el año 2015, pero los auditores recién aparecieron hace dos semanas diciendo que van a venir a auditarnos. El organismo ya estuvo auditado por el GAFI, pero a nosotros nos interesaba que la AGN dejara registrados los avances que concretamos para rebatir así las acusaciones de algunos miembros de la oposición.

–No, no nos comunicaron nada, pero la ley prevé que el candidato a ocupar el cargo realice una exposición pública para que se lo conozca y una audiencia para responder las objeciones que pudieran presentarse.

–Los funcionarios que han pasado por el organismo, no pueden litigar o asesor en temas de lavado al sector privado durante dos años y los que vienen a ocupar un cargo en la UIF tienen que exponer claramente si vienen de representar al sector privado y en caso de que hayan representado a empresas denunciadas penalmente por lavado pueden ser objetados.

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