Página/12 En España

Hasta ayer ni España ni Cataluña tenían presidente definido. Hoy, por lo menos Cataluña sí que sabe quién dirigirá su rumbo por los próximos cuatro años. Se llama Carles Puigdemont, alcalde de Gerona –ciudad al norte de Barcelona–, y es la persona que Artur Mas eligió como sucesor a pocas horas de que expirara el plazo para llegar a un acuerdo con la izquierda independentista CUP y evitar así la repetición de elecciones.

A último minuto, cuando todos daban por sentado que habría nuevamente urnas en marzo, la coalición nacionalista que integra el partido de Mas –Convergència– y Esquerra Republicana, Junts pel Sí, aceptó la condición sine qua non que la CUP le exigía para formar gobierno: la renuncia del actual presidente de la Generalitat –máximo órgano de gobierno de Cataluña– a su cargo. Artur Mas salió este sábado ante las cámaras para anunciar “la dolorosa decisión” de abandonar el mando del gobierno regional en favor de desencallar la investidura y permitir la continuidad del curso político. El dirigente reconoció que lo que pasó “no estaba previsto 24 horas antes”, ya que él mismo había subrayado que no tenía intención de abandonar la presidencia, y agregó que “lo teníamos todo preparado para ir a elecciones, pero no era el escenario deseado”.

Mas llegó a la conclusión –según dijo– de que “formaba más parte del problema que de la solución” y optó por apartarse, no sin llevarse algo de victoria a cambio. El acuerdo firmado con la CUP obliga a la izquierda anticapitalista a ceder los votos de dos de sus diez diputados en el Parlamento catalán a la coalición de Junts pel Sí y a no votar junto al resto de la oposición en asuntos que comprometan la estabilidad parlamentaria del Gobierno, una fórmula que le asegura al grupo de Mas ganar todas las votaciones en la Cámara regional.

Pese al golpe que suponen para la formación izquierdista estas concesiones, sus representantes se mostraron satisfechos con el acuerdo, ya que cumplieron el objetivo de enviar “a Mas a la papelera de la Historia”, tal como lo manifestó el diputado de la CUP, Benet Salellas, al explicar ante los medios el pacto. “La lectura de los resultados del 27-S (fecha de las pasadas elecciones catalanas) era la correcta. Mas no tenía los apoyos suficientes y debía irse, no es un tema de vencedores ni vencidos”, expresó el parlamentario, reivindicando así la postura inamovible de su partido que, por rechazo a Artur Mas, impidió durante tres meses la formación de gobierno.

En cuanto a su papel dentro del Ejecutivo catalán, Salellas afirmó que en ningún caso se integrarán en la coalición de Junts pel Sí –“Seguimos teniendo un grupo de 10 diputados con voz propia”, remarcó– e insistió en que el acuerdo no los “liga a la hora de aceptar ninguna política antisocial ni de recortes”, lo cual hasta ahora fundamentó su oposición radical al partido de Mas. Sin embargo, la CUP sí que ve con buenos ojos al nuevo candidato porque “Carles Puigdemont tiene la ventaja de no ser el hijo político del pujolismo” (en referencia a la familia Pujol, fundadora del partido de Artur Mas e imputada en numerosos casos de corrupción) y porque con este acuerdo dicen haber cumplido el mandato de la asamblea de su formación que pidió “ni Mas ni marzo”.

El nuevo presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, es periodista, alcalde de Gerona desde 2011 y presidente de la Asieseis de Municipis per la Independència (AMI), cargo por el cual se convirtió en uno de los rostros visibles del proceso soberanista. Toda su actividad, tanto política como periodística, estuvo siempre ligada a la lucha por la autodeterminación de Cataluña y así también pudo sentirse en sus palabras durante la investidura de ayer. Puigdemont apostó por desarrollar muchos de los puntos de la declaración independentista que el mes pasado anuló el Tribunal Constitucional y aseguró que será el presidente de la “posautonomía y de la preindependencia”.

“Iniciamos un proceso nada fácil y nada cómodo. Pondremos valor y coraje, pero no temeridad ni renuncias. Este proceso (independentista) es imprescindible si queremos atender como toca a nuestros ciudadanos”, recalcó el futuro presidente. Puigdemont declaró, en ese sentido, que su gobierno tendrá la misión de “negociar con el Estado español” y con las autoridades europeas la constitución de un Estado en Cataluña, a la vez que confirmó el apoyo de Artur Mas –a quien mencionó en numerosas ocasiones durante el discurso– para esta misión.

Su antecesor estuvo presente, en nombre, en cuerpo y en alma durante toda la sesión de investidura porque el plan de gobierno que Puigdemont expuso resultó casi calcado al que Mas profirió en los anteriores debates que no pudo ganar por el voto en contra de la CUP. “La independencia como única vía para mejorar la calidad de vida de los catalanes” es el leitmotiv que guiará su hoja de ruta en los próximos cuatro años y, a partir de ahí, construir “un país más justo, más equitativo, más preparado, y más saludable, un país que ofrezca más trabajo, de más calidad”, según manifestó ante el resto de parlamentarios. Entre sus prioridades, por ejemplo, citó la creación de una agencia catalana de seguridad social que asuma las pensiones y el seguro de desempleo, la independencia fiscal –con la puesta en marcha de la Hacienda catalana– y la apertura del Banco Central de Cataluña.

Desde Madrid, la repentina resolución del conflicto político catalán se recibió con inquietud. El todavía presidente en funciones, Mariano Rajoy, esperaba que las largas discusiones que impedían la investidura de Mas –e incluso la repetición de las elecciones en marzo– desgastaran el proceso soberanista, pero se llevó un chasco. Así que ayer tuvo que salir nuevamente a la carga para defender “la unidad nacional” y advertir que la independencia de Cataluña no se hará ni por activas ni por pasivas. “Tenemos más instrumentos que nunca para defender nuestra unidad, las principales fuerzas políticas estamos de acuerdo en ello”, aseguró Rajoy en una comparecencia de urgencia tras escuchar el discurso de investidura del nuevo President.

El líder del Partido Popular (PP) explicó que horas antes había hablado por teléfono con el candidato de los socialistas, Pedro Sánchez, y con el de Ciudadanos, Albert Rivera, para confirmar su respaldo ante “el desafío” soberanista y garantizó haber dado “instrucciones para que cualquier actuación que adopte el nuevo Gobierno catalán que suponga la vulneración de la Constitución y del ordenamiento jurídico tenga la respuesta del Estado de derecho”.