El ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex vicepresidente económico de España, Rodrigo Rato, tendrá que afrontar en España un juicio por el escándalo del uso de tarjetas de crédito “en negro” destapado en Caja Madrid y su sucesora Bankia, entidad que presidió y que llevó al borde de la quiebra.

Un juez de Madrid dictó ayer la apertura de juicio oral –para el que aún no hay fecha– por la causa, en la que también está imputado el ex banquero español Miguel Blesa y otros 64 ex directivos y consejeros de las entidades vinculados a partidos políticos y sindicatos que hicieron uso de las tarjetas opacas.

El 14 de enero pasado, la Fiscalía Anticorrupción pidió cuatro años y medio de prisión para Rato y seis para Blesa, su antecesor en el cargo al frente de la Caja Madrid, a los que acusó de apropiación indebida. Asimismo, el juez instructor, que en diciembre cerró la investigación, considera que existen indicios de administración desleal contra los dos grandes banqueros acusados.

El caso de las “tarjetas black” de Caja Madrid y Bankia salió a la luz en octubre de 2014 tras una auditoría interna en esta última entidad, que detectó que varias tarjetas de crédito VISA entregadas a directivos y consejeros habían sido utilizadas para gastos personales como viajes y compras de lujo y, por lo tanto, no vinculados a la actividad profesional.

Tras tomarle declaración a Rato y Blesa, el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Fernando Andreu, aseguró que ambos banqueros habrían “consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad”, por lo que solicitó para ellos fianzas millonarias.

La investigación posterior determinó que los usuarios de las tarjetas habían gastado 15,5 millones de euros en 13 años, entre 1999 y 2012.

De acuerdo con Andreu, las tarjetas se habían emitido “fuera del circuito ordinario” de la entidad, por lo que no había “soporte contractual” y el uso “no tenía como finalidad los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales”, por lo que el dinero debería considerarse una “retribución irregular”.

Según el magistrado, los imputados “decidieron utilizar las tarjetas para usos distintos de los que están destinadas, generando, en provecho propio, un perjuicio a la entidad que administraban”.

Rato, de 66 años, está involucrado en tres casos de corrupción y desde octubre del año pasado no puede salir de España porque el juez que investiga su patrimonio y le atribuye delitos de fraude fiscal y blanqueo, le retiró el pasaporte.

Por esa causa, el ex ministro de Economía del gobierno de José María Aznar (1996-2004) y posterior jefe del FMI (2004-2007), fue detenido fugazmente por unas horas convirtiéndose en la primera figura de peso político que cayó en España desde el estallido de la crisis económica y financiera, producto de la especulación y el desmadejo de las grandes entidades bancarias. Por otro lado, el ex hombre fuerte del Partido Popular (PP) está siendo investigado por irregularidades en la operación de salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, cuyas cuentas falseó para evitar el fracaso de la operación.

Además, Rato no sólo habría creado un complejo entramado societario para evitar embargos de su presunta responsabilidad en este caso sino que también cobró comisiones por la concesión de contratos con Bankia, según las últimas revelaciones. En tanto, el Tribunal Supremo español avaló la tesis de Andreu en esta causa al considerar “probado” que la oferta pública de acciones de Bankia “resultó incorrecta en aspectos relevantes” para dar “apariencia de solvencia a la entidad”.

En alto tribunal se pronunció de esta forma al confirmar dos sentencias de primera instancia de dos inversores que reclamaron el dinero que habían puesto en Bankia, entidad que tras la gestión de Rato fue nacionalizada por el gobierno del actual presidente Mariano Rajoy para evitar su quiebra.