El Parlamento Europeo votará hoy en Estrasburgo una directiva que crea un registro de nombres de pasajeros europeos (PNR, según sus siglas en inglés), nómina reclamada por la totalidad de los países miembro de la Unión Europea y cuyo objetivo es encontrar herramientas antiterroristas. El PNR prevé compilar en cada uno de los 28 países del bloque, mediante una Unidad de Información sobre los Pasajeros (UIP), una serie de informaciones que tienen las compañías aéreas desde el momento en que se hace una reserva. La lista deberá incluir nombre, dirección, número de teléfono, detalles de las tarjetas de crédito, agencia de viajes, equipaje y número de asiento de cada pasajero, así como “información sensible”, a menudo relacionada con la elección religiosa, de una comida o un número de referencia en caso de problemas médicos. Los datos se intercambiarán a petición de la UIP de otro Estado o por iniciativa de esa instancia, y sólo podrán utilizarse para una lista restringida de delitos graves, como el terrorismo. Sin embargo, el debate no estará exento de la preocupación sobre la protección de información privada.

La responsabilidad de la confección del registro y la recolección de datos obtenidos durante procedimientos de reservas y chequeo será de las empresas aéreas o los operadores turísticos. El comisario europeo de Justicia, Dimitris Avramópulos, señaló ayer que presionará a los Estados miembro para que la aplicación del PNR sea rápida. La compañía aérea deberá enviar información para los vuelos desde y hacia un país extra comunitario a las autoridades del Estado miembro desde donde parta o donde aterrice el avión. La medida a ser votada en Estrasburgo habilita a los Estados miembro a extenderla a vuelos intraeuropeos. Los ministros de Interior de los 28 adelantaron que no descartan apelar a ese recurso. El objetivo es detectar a las personas que en el pasado no fueron sospechosas de terrorismo pero que, con el análisis de las informaciones, denoten un perfil sospechoso. En la práctica habrá 28 registros. Cada país deberá alertar a los otros países en el caso de que sea necesario. También podrán pedir datos PNR a otros países en el marco de una investigación.

El proyecto de directiva propuesto por la Comisión Europea estaba bloqueado en el Parlamento desde 2011, a la espera de que se incorporaran garantías sobre la protección de las libertades individuales. En diciembre, se alcanzó un compromiso político, pero la votación se demoró por la reticencia de los grupos parlamentarios socialista, liberal y ecologista, que pedían que un texto sobre la protección de datos personales fuera votado al mismo tiempo.

La directiva será votada finalmente en una sesión plenaria junto a otro texto que instaura normas estrictas sobre el uso de los datos personales con fines policiales y judiciales. El comisario europeo de Justicia mostró ayer su apuro por la aplicación de la normativa. “No tenemos tiempo que perder teniendo en cuenta que es un instrumento eficaz en la lucha contra el terrorismo y contra delitos graves”, subrayó Avramópulos en el debate en el PE sobre la directiva del PNR. El funcionario europeo hizo hincapié en que con este registro las fuerzas de seguridad podrán realizar búsquedas más completas, en particular, para el seguimiento de los llamados “combatientes extranjeros” que viajen en avión por el interior de la UE o en vuelos con el Viejo Continente como destino u origen.

También subrayó que se tuvo especial cuidado en que los intercambios de esta información no se hagan “en detrimento de los derechos fundamentales”, y dijo que por eso se establecieron restricciones muy estrictas en la comunicación y el uso de estos ficheros.

En concreto, los datos nominativos podrán ser consultados por las entidades nacionales durante seis meses. Al cabo de ese tiempo, las informaciones sobre el viajero pasarán a ser anónimas y habrá una autoridad que se encargará de la supervisión. La conservación de las informaciones, sin que sean nominativas, será de cinco años. Los Estados miembros tendrán dos años para transponer esta nueva reglamentación en su legislación nacional.