A pocas horas de que se defina su destino al frente del país en el Senado, la presidenta brasileña Dilma Rousseff interpuso ayer un recurso ante la Corte Suprema para frenar el avance de apertura del juicio político. Además, se realizaron protestas en contra del impeachment que puede reducir su mandato y se bloquearon carreteras en 14 de los 27 estados de Brasil.

El Plenario de la Cámara Alta decidirá en votación hoy si abre o no un juicio político contra la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT), quien en 2011 se convirtió en la primera mujer en asumir la Presidencia de Brasil. El Senado brasileño podría suspender de su cargo por seis meses a Rousseff y dar paso a un gobierno del vicepresidente Michel Temer, quien se ha convertido en opositor, y presentará su propio proyecto de gobierno que ya comenzó a ser acusado de “golpista” y resistido con centenares de piquetes de rutas y avenidas en las principales ciudades de Brasil.

El recurso del gobierno ante la Corte Suprema, fue presentado por el abogado general de la República, José Eduardo Cardozo, en la víspera de la votación en el Senado. El documento asegura que existió abuso de poder por parte del anterior presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien fue suspendido el viernes por la Suprema Corte. La acción del gobierno se basa precisamente en esa decisión de la máxima instancia judicial del país, que alejó del cargo al legislador por entender que lo utilizó para interferir en las investigaciones que lo vinculan con la trama de corrupción que operó en la empresa estatal Petrobras.

Según la defensa de Rousseff, todo el proceso de impeachment conducido por Cunha, está viciado desde que el legislador acogió el pedido de destitución de la presidenta presentado en diciembre por tres juristas y avalado por la oposición. En la petición, el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) alega, entre otros aspectos, que Cunha aceptó el pedido de juicio político horas después de que el partido de izquierda apoyara la continuidad de un proceso de impugnación de su mandato como legislador que tramita en el Consejo de Ética de la Cámara Baja. El proceso contra Cunha se basa en sospechas de que el legislador mintió ante sus pares en el Parlamento al negar que tiene cuentas bancarias en Suiza, las cuales, según el país europeo, fueron usadas para depositar dinero desviado de Petrobras.

El Supremo deberá analizar el recurso presentado y tomar una resolución antes de las nueve de la mañana, cuando está previsto que comience la sesión en el Senado. Para que el juicio quede abierto y la presidenta sea alejada del cargo por un plazo máximo de 180 días se necesita que una mayoría simple de los 81 senadores –41 como mínimo– apoyen la acción. Según se calcula, más de las mitad de los votos de los 81 senadores necesarios se inclinarían por suspender a Rousseff, luego de 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores, iniciados con Luiz Inácio Lula da Silva en 2003.

Sería la caída del proyecto desarrollista con inclusión social que marcó a fuego a un Brasil emergente y lo instaló como la séptima economía mundial en el siglo XXI, en medio de una crisis gigantesca de corrupción, de falta de articulación política y de una recesión económica que devoró cinco millones de empleos en los últimos doce meses.

Miles de personas protestaron ayer en al menos 20 estados de Brasil contra la apertura del juicio político a la presidenta. Los manifestantes bloquearon avenidas y rutas en todo el país. En Brasilia, el llamado “muro del impeachment”, un vallado de un kilómetro de largo que se extiende entre la Catedral y el Congreso, ya fue levantado para separar a los manifestantes favorables y contrarios a la presidenta.

Las protestas son organizadas por grupos de izquierda que históricamente apoyaron al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), como la Central Unica de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST).

El presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Valdir Maranhao, decidió apoyar el proceso de destitución, horas después de haber optado por lo contrario. Maranhao cambió después de que su formación, el Partido Progresista (PP-MA), le amenazara con expulsarlo. El legislador comunicó el lunes a la noche, su nueva postura en un escrito enviado al presidente del Senado, Renan Calheiros, en el que anuncia que deroga la anulación del juicio político a Rousseff en la Cámara aunque no explica este cambio.

Por su parte,Dilma Rousseff recordó el miércoles que el último día de su mandato es el 31 de diciembre de 2018 y aseguró que luchará contra el impeachment con “todos los medios disponibles”. Al hablar en una conferencia sobre políticas para las mujeres, frente a miles de fervientes simpatizantes indicó que va a “luchar [contra la destitución] con todas mis fuerzas, usando todos los medios disponibles, medios legales, medios de lucha”.

“Estoy cansada de los desleales y los traidores”, confesó la mandataria antes de identificar como autores de un “golpe moderno” al vicepresidente Michel Temer y al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha.

“Los dos proporcionaron esta especie de golpe, un golpe realizado no con las armas, no con bayonetas, un golpe realizado rasgando nuestra Constitución”, denunció.