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El abogado de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, entregó ayer a la comisión del Senado a cargo del juicio político el alegato de su defensa, que incluye polémicas grabaciones que derrumbaron a dos ministros del mandatario interino, Michel Temer. La defensa de Rousseff, volcada en 372 páginas de documentos, fue entregada por José Eduardo Cardozo, quien fue ministro de Justicia y Abogado General del Estado durante su gobierno y ahora se dedica exclusivamente a representarla en el proceso.

En el texto, la defensa reitera todos los argumentos usados ante la Cámara de Diputados y el Senado, que en ambos casos fueron rechazados y califican como faltas administrativas las maniobras fiscales que configuran los cargos. Esas maniobras, según la acusación, le permitieron al gobierno falsear sus resultados en 2014 y 2015 y alterar los presupuestos mediante decretos y configuran un “crimen de responsabilidad”, que es como define la Constitución las causas que pueden provocar la destitución de un mandatario.

La defensa también insiste en que el inicio del proceso estuvo en una venganza del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ahora suspendido de su cargo por alegada corrupción y que fue quien aceptó a trámite las acusaciones. Esa hipótesis sostiene que Cunha pidió apoyo a Rousseff frente a un proceso interno en la Cámara de Diputados que le puede costar el escaño y ante la negativa de la presidenta, decidió darle curso al trámite contra la mandataria.

Pese a repetir todos los argumentos, los documentos incluyen un elemento nuevo, como son las grabaciones filtradas por la prensa local en las que se escucha a dos ministros designados por Temer criticar las investigaciones en la petrolera estatal Petrobras. Se trata de los ex ministros de las carteras de Planificación, Romero Jucá, y Transparencia, Fabiano Silveira, quienes se vieron obligados a renunciar una vez que se conocieron las grabaciones. En el caso de Jucá, se le escucha decir que una vez que Temer asuma el gobierno en lugar de Rousseff, será necesario delimitar esas investigaciones, que afectan a políticos de todo el arco parlamentario y a una veintena de empresas privadas.