Las autoridades electorales venezolanas dieron ayer un paso hacia la activación del referendo con el que la oposición aspira a revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el chavismo anunció que hará una denuncia por fraude contra la oposición por las supuestas irregularidades en más de 600 mil firmas entregadas. Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) votará el 23 de junio si aplica la Carta Democrática a Venezuela, como ha solicitado el secretario general, Luis Almagro, para aumentar la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela puso formalmente fecha al proceso de validación de las firmas reunidas por la oposición para activar el referendo, que se llevará a cabo entre el 20 y el 24 de junio próximo. La noticia era largamente esperada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que había acusado al CNE de demorar el proceso sin razón e indefinidamente. El anuncio de las autoridades electorales coincidió con la llegada a Caracas del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, quien procura reforzar las gestiones abiertas para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela, un país bajo estado de excepción (sitio), con protestas a diario y con el sistema económico declarado en emergencia.

La oposición venezolana condicionó cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno a la activación del referendo, lo que potencia el efecto la noticia de que se haya fijado fecha a la validación de la firmas. La oposición reunió más de 1.800.000 firmas y las entregó el 2 de mayo pasado para su validación. Después de múltiples postergaciones, el CNE aceptó y puso en revisión casi 1.300.000, al alegar que más de medio millón estaban incluidas en planillas con errores formales o diversas irregularidades. El proceso incluirá una semana de reparos de firmas, durante la cual los electores podrán retirar sus decisiones en caso de que hayan cambiado de opinión. En la validación los electores acudirán a los centros nacionales del CNE para poner su huella dactilar, con lo que ratificarán su petición de la consulta. En esta etapa del proceso, la oposición necesita que se validen poco más de 190.000 firmas, pero en un segundo paso que exige la ley serán necesarias cuatro millones de rúbricas, que representan el 20 por ciento del padrón

electoral. Los antichavistas pugnan para que el referendo se haga antes del próximo 10 de enero, debido a que, en caso de ser revocado el mandato de Maduro en ese plazo habrá que convocar a elecciones para elegir a su sucesor. Si esto ocurre después de esa fecha, el período del jefe de Estado deberá ser completado por el vicepresidente.

Luego de que el CNE pusiera la fecha de validación, el chavismo anunció que hará una denuncia por fraude. “Vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Constitucional y Sala Electoral a introducir un recurso que analice esto que creemos conforma un grave fraude a la ley”, dijo en rueda prensa el alcalde del municipio caraqueño de Libertador, Jorge Rodríguez, y agregó: “Veníamos diciendo que se estaba perpetrando un gigantesco fraude en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un gigantesco fraude a la ley, fraude a la voluntad de las personas”. “La voluntad del pueblo autoriza a una organización política ¿y qué hizo esa organización política? La manchó, la embarró 605.705 veces”, subrayó Rodríguez.

Por otra parte, el jueves 23 se realizará en la OEA una sesión en la que se debatirá la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, una postura impulsada por el secretario general del organismo, Luis Almagro. La Carta Democrática es un instrumento jurídico que puede llevar a gestiones diplomáticas o a la suspensión de Venezuela del ente y con el que busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos y acepte convocar este año un referendo revocatorio. La sesión la ha convocado la presidencia de turno del Consejo Permanente, que ostenta Argentina, y en ella Almagro presentará el informe de 132 páginas con el que argumentó su invocación del artículo 20 de la Carta y en el que denuncia la continuidad de las violaciones de la Constitución en Venezuela, las violaciones de derechos humanos y la falta de respuesta a la grave crisis humanitaria. Los 34 Estados miembros deberán pronunciarse sobre un tema que la OEA ha evitado durante años y votar sobre si, como Almagro, consideran que en Venezuela existe una alteración del orden constitucional que afecta al orden democrático. “Satisfacción con la presidencia del Consejo por fijación de fecha”, escribió ayer Almagro en su cuenta de Twitter.