En solo seis meses el Gobierno provocó una crisis económica como aquellas que acostumbraron a los argentinos durante décadas. No solo por la caída en los niveles de producción, consumo, desempleo y pobreza, sino por la respuesta de las autoridades, que se desentienden del sufrimiento de millones de personas y les dicen hay que aguantar. Esa reacción genera descontento y una sensación de desamparo que ni la prensa dominante puede disimular. Se palpa. Se ve. Se escucha en la calle. Hay marchas, quejas de famosos por televisión, actos de resistencia como los amparos contra los tarifazos o simples manifestaciones de ciudadanos de a pie en la vidriera de un comercio que liquida por cierre, en un grafiti en la calle o en las redes sociales. Todo ello es evidente. Sin embargo, ni la crisis económica ni el clima social espeso del primer semestre de Cambiemos han sido hasta ahora un obstáculo para la implementación de un proyecto de ajuste neoliberal. El macrismo y sus aliados siguen avanzando en decisiones de fondo que perfilan un nuevo horizonte de especialización productiva y de distribución del ingreso. Su atención está focalizada allí, mientras intenta administrar políticamente una coyuntura desfavorable. Las tensiones del día a día pueden incomodar a algunos funcionarios, pero la evaluación del Gobierno y de los sectores empresarios que lo acompañan es que el primer medio año ha sido todo un éxito. La agenda del “populismo” es historia y lo que viene son reformas de mercado en materia jubilatoria, impositiva, laboral y de alineamientos internacionales. La oposición, por especulación política, necesidades de auxilio financiero o blanqueo ideológico acompaña en buen número para que el engranaje avance.

En el desarrollo del plan de gobierno hay acciones de distinto alcance. Las reformas previsional, impositiva y laboral, en marcha o anticipadas por el Presidente, servirán de matriz institucional a un nuevo patrón regresivo de distribución del ingreso, con pérdidas de derechos para las mayorías y beneficios extraordinarios para sectores concentrados, como se aprecia en el proyecto de ley ómnibus que obtuvo dictamen esta semana. Propietarios de mansiones en Miami o Punta del Este que “hayan pagado bien sus impuestos” quedarán al margen de tributar Bienes Personales este año, mientras sus compañeros de ruta que evadieron millones al fisco podrán blanquear sin quita si destinan el dinero a un fondo común de inversión administrado por cualquier banquero amigo. Estos son los temas de conversación en el gabinete de Macri, del que participan 27 ex ejecutivos de los bancos más grandes de Wall Street, ex CEO de petroleras, de cadenas de comercio, aerolíneas, supermercados y productores agropecuarios, varios de ellos con sociedades en Panamá o Bahamas, fondos en cuentas del extranjero y acciones de las compañías de las que formaron parte. El reparto desigual de cargas entre trabajadores y corporaciones se cristaliza con aquellos proyectos. Ocurrió en los ‘90 y los ‘2000 con las leyes de AFJP, de flexibilización laboral, la Banelco y las relaciones carnales.

Otras decisiones van al nudo de la orientación productiva que se quiere para el país. Una de ellas es la intención de sumar a la Argentina a la Alianza del Pacífico. El grupo que integran México, Chile, Colombia y Perú, alineado y promovido por Estados Unidos, aceptó anteayer que Macri participe de su próxima cumbre, el 1° de julio en Chile, en carácter de observador. Otros dos países que buscan convertirse en miembros plenos son Panamá y Costa Rica. Sebastián Piñera, ex presidente transandino, es uno de los fundadores del bloque.

Roberto Paiva, director de la agencia ProChile, explicó la filosofía del grupo en una entrevista reciente con el diario El País de Montevideo. “El gran impulso de la Alianza es haber puesto a los empresarios por delante. Por eso está viva. Porque la integración la firman los presidentes, los ministros, pero para que tenga ‘carne’ la tienen que llevar adelante los empresarios”, manifestó, en una descripción precisa de lo que es la Alianza: una plataforma de negocios orientada a satisfacer intereses corporativos, con el resto de las sociedades mirando de atrás. “De nada sirve poner a negociar a los burócratas si los empresarios no están interesados. La idea es que haya, y así está ocurriendo, un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico en cada país y que tenga opinión en los pasos que se dan”, detalló el funcionario chileno. Es decir, una comisión empresaria fiscalizadora en cada país para apuntalar a gobiernos con fuerte sesgo pro empresario. Sería algo así como una guardia de expertos para aconsejar a presidentes ávidos de escucharlos. Paiva enfatizó en ese mismo reportaje el perfil comercial de la Alianza. “Hasta el momento era un área común en aspectos sociales, culturales, etc., pero ahora se concreta realmente con la puesta en marcha del protocolo comercial. El primero de abril los aranceles llegan a cero”, destacó. “Tengamos en cuenta que ya existe entre nuestros países un grado de apertura importante. Chile es un país que tiene un arancel promedio de 6 por ciento, acuerdos comerciales con 63 países, y nuestros socios del bloque también tienen buenos números en ese sentido. No necesitábamos mucho para ponernos de acuerdo”.

Si la Argentina va hacia ese bloque es para acomodarse a esas reglas, señala la ex subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español. “Por ahora es más que nada un gesto político para demostrar el rumbo de la gestión. Por los estatutos del Mercosur ningún país puede cortarse solo y adherir a otro bloque individualmente porque resultaría expulsado. En todo caso deben negociar en conjunto”, explica. De todos modos, en este momento político los gobiernos del Mercosur muestran sintonía para avanzar a esquemas de integración global bajo la lógica de la apertura comercial y financiera, con desregulaciones al capital y un ordenamiento económico-social guiado por las reglas del mercado. La excepción es Venezuela. El FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio son los organismos rectores. Eso es lo que significa para el gobierno de Macri volver al mundo, devaluando al Mercosur y las asociaciones Sur-Sur que intentó el kirchnerismo. Otras alianzas estratégicas, con China o con Rusia, también pasan a un segundo plano.

“Creo que cuatro años le pueden alcanzar a este Gobierno para empujar al Mercosur a una integración con la Alianza del Pacífico. La incógnita es Brasil, porque todavía no está claro cómo se resolverá el marasmo político que atraviesa”, estima a su vez Stella Maris Biocca, experta en derecho internacional. “Pero la voluntad del gobierno argentino está clara”, agrega. También de la burguesía brasileña, apunta Español, cada vez más ganada hacia un proyecto de valorización financiera en lugar del de desarrollo productivo. El modelo que avanza en ambos países es el agroexportador y financiero, relegando al industrial. Las relanzadas negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para un acuerdo comercial van en la misma línea. “Estamos un presencia de un gobierno neoliberal que cree en las pautas de funcionamiento neoliberal y va tratando de imponerlas”, define Biocca. “Estados unidos es un país insistente. Después del fracaso del ALCA empezó a establecer nuevas redes a través de tratados bilaterales con distintos países de la región. La Alianza del Pacífico no es más que otra de las caras de ese proyecto, al que la Argentina se quiere sumar”, resume. Al mismo tiempo, Estados Unidos trabaja en el acuerdo Transpacífico, entre los países cordilleranos de América, salvo Ecuador, y asiáticos, con excepción de China. “Esto es sumamente riesgoso, porque una vez que se entra en esas estructuras se definen patrones de especialización que pueden durar décadas”, completa Biocca. Para Cambiemos, por el contrario, el avance hacia la Alianza del Pacífico, la especialización en exportaciones primarias y agroindustriales, bajo el ala de Estados Unidos, es la revolución de la alegría.