Mientras un pueblo rabioso y dolorido sigue encontrando cadáveres, el gobierno iraquí habló ayer de dar una “respuesta dura” al atentado más mortífero del Estado Islámico (EI) en lo que va del año. “El número de muertos por el atentado suicida del sábado en Bagdad se ha elevado a 200”, dijo el jefe adjunto del comité de seguridad del Consejo Provincial de Bagdad, Mohamed al-Rubaye a la cadena CNN. Con la decisión de poner mano firme a los ataques del fin de semana, las autoridades iraquíes ejecutaron ayer a cinco condenados a muerte por terrorismo, un día después del atentado que causó la muerte de dos centenares de personas y heridas a 230, informó el Ministerio de Justicia en un comunicado. El departamento gubernamental presentó un proyecto de remodelación del código penal con el objetivo de acelerar la aplicación de las penas de muerte, indicó la nota. Con la petición se busca obligar al presidente iraquí a emitir el decreto que confirme la pena capital menos de un mes después de la sentencia definitiva.

Cerca de la medianoche iraquí del domingo, en el barrio de Al Karrada, de mayoría chiíta, un camión repleto de explosivos y metralla estalló frente a una popular heladería, cuando la gente paseaba en plena celebración del Ramadán. Entre las víctimas, hubo al menos 25 niños y 20 mujeres, que hacían sus compras para la festividad musulmana del Aid al Fitr, con la que culmina el mes sagrado del Ramadán y que se celebrará dentro de pocos días. Varios negocios y vehículos quedaron destruidos y calcinados en esta zona comercial.

Los habitantes de Al Karrada, en el centro de Bagdad, se vistieron de luto ayer y expresaron su bronca contra la negligencia de las autoridades tras el atentado suicida. “La tristeza impera y hay funerales en cada lugar. Las procesiones de los entierros continuaron y aún se desconoce la suerte corrida por muchas personas”, explicó un vecino identificado como Abu Ali al Ameri. “El olor a muerte y la destrucción inundan la zona”, contó Al Ameri, quien sostuvo que muchos de los cadáveres recuperados de entre los escombros estaban calcinados.

Entre la destrucción y el dolor, familiares y vecinos marcharon ayer, en medio de estrictas medidas de seguridad, desde la plaza Kahramana hasta el lugar del atentado, donde encendieron velas en recuerdo de las víctimas. Los manifestantes exigieron que los altos cargos de seguridad –a los que tildaron de corruptos– rindan cuentas por su ineficacia y pidieron que se intensifique la búsqueda de las personas que continúan bajo los escombros de los edificios destruidos por el estallido.

El primer ministro de Irak, Haidar al Abadi, pidió el domingo a la Comandancia de Operaciones de Bagdad que aplique “el cinturón de seguridad” alrededor de la capital y urgió a los servicios de seguridad a retirar los aparatos portátiles de detección de explosivos falsos ADE, por cuya venta el empresario británico James McCormick fue condenado en 2013 a diez años de cárcel. También ordenó reabrir una investigación sobre “los contratos corruptos de adquisición de esos equipos y perseguir a los órganos implicados”, así como acelerar la instalación de aparatos para inspeccionar los vehículos eficaces. Pero la ira de la gente se hizo notar. Apenas se acercó al lugar, el mandatario fue increpado y, su vehículo, apedreado.

Ayer, el Ministerio de Justicia de Irak anunció que los condenados a muerte por terrorismo serán ejecutados pronto y presentaron sus condolencias a familiares “de los mártires en esta enorme tragedia”, que consideró “una traidora acción terrorista que coincide con las victorias de las fuerzas iraquíes que liberan el país del yugo terrorista”. El anuncio llega tras la amenaza concreta del primer ministro iraquí al EI: “Los terroristas intentan desviar nuestra marcha, pero nuestra respuesta será dura y en sus propios feudos de Al Anbar y Mosul. Proseguirá la lucha contra ellos”.

La reforma del código, que busca acelerar la aplicación de las penas de muerte, consideraría que, en caso de ausencia de respuesta por parte del primer ministro, se confirmaría la aplicación de la sentencia. Bagdad informó de la existencia de una superpoblación en las cárceles iraquíes, que albergan hasta 3000 condenados a muerte cuya sentencia es definitiva. Con las de ayer, el número de ejecutados en los últimos dos meses asciende a 37 personas.

“En medio de las batallas y de la resistencia al terrorismo, rechazamos de forma categórica cualquier injerencia política o internacional que pida la suspensión de la aplicación de las penas capitales bajo el argumento de la defensa de los derechos humanos o cualquier otro”, agregó la nota del gobierno iraquí.

Asimismo, el ministerio anunció en otra nota el cumplimiento de las penas capitales muy pronto contra un grupo de criminales sentenciados conforme a la ley antiterrorista. “Nos comprometemos a proseguir aplicando el castigo justo a todos a los que se les ocurra intentar dañar y aterrorizar al pueblo iraquí”, concluyó la nota.