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El presidente del Congreso paraguayo, el senador Robert Acevedo, del opositor Partido Liberal, exigió ayer que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, renuncie o sea destituido, tras el atentado. El reclamo incluye también el pedido de destitución del comandante de las Fuerzas Militares, Luis Gonzaga Garcete, y del comandante de la FTC, Ramón Alvarenga.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Hugo Velázquez, advirtió ayer que “el país está en peligro” y consideró que “es hora de reforzar el apoyo” a las fuerzas que combaten a la guerrilla en el norte, después de un ataque contra una patrulla militar el fin de semana. “Es momento de que todos nos unamos, respaldemos a nuestros soldados y dispongamos de más recursos para hacer más efectiva la tarea que realizan”, agregó el legislador, poco antes de una sesión extraordinaria de los diputados, simultánea a otra que se desarrolló en la Cámara de Senadores.

La sesión debatió sobre la situación creada en el país tras el ataque a una patrulla militar y policial el sábado que dejó ocho soldados muertos y provocó una conmoción política en Paraguay. El presidente Horacio Cartes se reunió ayer con senadores y diputados oficialistas para analizar la situación y recibió los comunicados de organizaciones sociales, empresariales, políticas y de la Conferencia Episcopal, que condenaron el atentado.

Los ocho militares murieron cuando una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue atacada en un camino vecinal del distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, al norte de Asunción, la capital del país. Las primeras investigaciones revelan algunos elementos que no concuerdan con la forma de operar de ese grupo guerrillero, como por ejemplo que a las víctimas se les haya disparado a los glúteos, además de a otras partes del cuerpo.

Aunque nadie se atribuyó el ataque del sábado, se cree que fue una acción del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que opera en el norte. Los fallecidos pertenecían a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un contingente de militares y policías destinado a combatir al grupo guerrillero EPP, principal sospechoso de ese atentado.

El gobierno paraguayo responsabiliza al EPP de más de medio centenar de asesinatos y varios secuestros desde su aparición, en 2008. El grupo guerrillero mantiene secuestrados actualmente a un policía y dos colonos menonitas.