Estimulado por el histórico acuerdo con las FARC que puso a Colombia en los primeros planos del mundo entero, el presidente Juan Manuel Santos redobló su apuesta al afirmar que si el ELN libera a los secuestrados que tiene en su poder, la semana entrante se podría anunciar la apertura de la fase pública de diálogos de paz con esa guerrilla, la segunda del país.

“Si liberan los secuestrados, la misma semana entrante podríamos anunciar que comienza la fase pública de las negociaciones porque ya tenemos con el ELN el 50 por ciento de la negociación, que es la agenda negociada”, dijo el jefe de Estado en un acto público en Ciénaga, en el departamento caribeño del Magdalena. El 30 de marzo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano anunciaron en Caracas el inicio de una fase pública de diálogos de paz cuya apertura fue condicionada por el Ejecutivo a la solución de algunos temas humanitarios, como el fin de los secuestros.

Santos valoró el anuncio hecho por el ELN el pasado domingo, de que no perpetrará ataques para permitir el desarrollo normal del plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos se pronunciarán sobre si apoyan o no el acuerdo firmado el lunes con las FARC para terminar más de medio siglo de conflicto armado interno. “Hace 48 horas el ELN decretó un cese al fuego unilateral. Yo quiero resaltar ese gesto del ELN”, destacó Santos. Igualmente, reiteró que con el fin de la guerra, Colombia tendrá mayor capacidad para invertir en infraestructura y desarrollo social en hospitales, clínicas, escuelas, acueductos y alcantarillados, entre otros.

Con respecto del plebiscito, cuyos últimos sondeos dan al SÍ con más del 60 por ciento, Santos dijo que el país tendrá la oportunidad de decidir a través del voto si quiere acabar con la fábrica de víctimas en que se convirtió el conflicto armado. “Tenemos el mismo poder pero ustedes son los que tienen que tomar la decisión”, añadió el mandatario, quien recordó que desde que comenzó a negociar con las FARC prometió que la última palabra la tiene que tener el pueblo soberano. Asimismo, dijo que si se vota en favor del SÍ en el plebiscito, millones de campesinos recibirán ayuda del Estado y podrán retornar a sus lugares de origen en vez de alimentar el desplazamiento hacia las ciudades.

Entretanto, la Fiscalía anunció que imputará cargos contra los miembros de la cúpula del ELN por los secuestros en mayo pasado de tres periodistas, entre ellos la española Salud Hernández, quienes fueron liberados casi una semana después de haber sido retenidos en una zona del noreste de Colombia. En los últimos meses, el ELN estuvo activo principalmente en una vasta zona del oriente del país con ataques a la infraestructura petrolera y secuestros extorsivos a agricultores de esa región limítrofe con Venezuela.

El ELN expresó que respeta pero no comparte el acuerdo de paz que permitirá la concentración de las FARC en 27 zonas para su desarme bajo la verificación de Naciones Unidas y su conversión en un movimiento político legal. Esa guerrilla inició contactos informales con el gobierno en 2014 en busca de un proceso de paz similar al que permitirá la desmovilización de las FARC en un periodo máximo de 180 días. Las partes anunciaron en marzo pasado en Caracas que esa fase exploratoria había terminado y que el paso siguiente sería instalar una mesa formal de negociaciones en Ecuador. No obstante, las negociaciones no comenzaron porque el gobierno insistió en que la continuación del proceso depende de la liberación de todas las personas que el ELN tiene secuestradas.

Santos habló de la posibilidad de diálogo con el ELN dos días después de sellar en Cartagena de Indias el histórico acuerdo de paz con las Farc, celebrado en el mundo entero por poner fin a más de medio siglo de guerra. Ayer, representantes del gobierno colombiano y de las FARC se reunieron para tratar “asuntos varios” relativos a la aplicación del acuerdo de paz, que debe llevar al abandono de las armas y desmovilización de ese grupo guerrillero.

Según el acuerdo del punto de “Fin del conflicto”, el período de 180 días durante los cuales las FARC se desplazarán con sus armas desde sus campamentos hasta a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) donde las entregarán a una misión internacional liderada por la ONU, debe comenzar al día siguiente de la firma del acuerdo. Sin embargo, las FARC plantearon en los últimos meses que su desplazamiento hacia esas zonas sólo puede hacerse después de que el Congreso apruebe la ley de amnistía para no correr riesgos de que quienes tienen órdenes de captura vigentes sean detenidos en la fase de entrega de armas.

A su vez, las FARC deberán informar a las autoridades los bienes adquiridos ilícitamente antes de la entrada en vigencia el acuerdo. “El patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado”, subrayó el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien explicó que si los guerrilleros buscan invertir, transformar, almacenar, conservar custodiar o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de lavado de activos. Durante una visita a Estados Unidos, a comienzos de este mes, Martínez cerró una alianza con las autoridades de ese país para buscar y extinguir el patrimonio ilícito que puedan tener oculto las FARC en el exterior.

El funcionario dijo: “Todo delito que se consume con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria”.

Igualmente añadió que delitos que se cometieron antes de la entrada en vigencia del acuerdo como el reclutamiento de menores y conservación de plantaciones ilícitas serán de competencia de la Fiscalía General de la Nación si se prolongan en el tiempo. Asimismo, expresó que la Fiscalía entregará al sistema de justicia transicional los informes que le permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado.