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La situación potencialmente más conflictiva se está empezando a activar en Bolivia. Evo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo y de los campesinos productores de coca de Bolivia, pidió ayer a Estados Unidos que retire las fuerzas militares de Chapare, la zona cocalera del país, y suspenda la erradicación de esa planta, con la que se produce la cocaína. La solicitud de Morales fue expresada en rueda de prensa tras conocer el Informe sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos (Incsr, por su siglas en inglés), que elogia a Bolivia porque en 2003 “virtualmente” ha eliminado a Chapare “como significativa fuente de coca”.
Según el informe de Washington, en Bolivia se ha reducido a 28.450 hectáreas la superficie cultivada con coca, por la disminución del 15 por ciento en el Chapare y el incremento del 26 por ciento en Yungas. “Si Chapare está fuera del circuito coca-cocaína, es hora de desmilitarizar la zona”, exhortó el presidente y legislador del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que resultó segundo en las elecciones presidenciales bolivianas de 2002. Morales demandó de la embajada y el gobierno de Estados Unidos que “sean responsables con su discurso y que paren de una vez por todas la erradicación y la represión” en la zona cocalera del centro de Bolivia, donde la policía y el ejército combaten tanto las plantaciones como el desvío de la coca desde hace tres décadas. Sin embargo, advirtió que el informe del Departamento de Estado norteamericano lleva adherida una “amenaza” contra la zona de los Yungas, en el este de la ciudad de La Paz.
Los campesinos cultivadores de coca reclaman del gobierno de Bolivia el cese de la erradicación, porque la coca es el único producto agrícola con buen precio en el mercado, y más bien insisten en una autorización para elevar la siembra de la cuestionada planta andina. El diputado socialista reclamó también que el gobierno boliviano debería plantear a los organismos internacionales, junto a Perú, la despenalización de la hoja de coca. Las nuevas autoridades del país, que asumieron la administración en octubre pasado, iniciaron la semana pasada conversaciones con el sindicato de cocaleros y es probable que el propio presidente, Carlos Mesa, asista al próximo encuentro, previsto para el 8 de marzo.