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La mortífera tendencia de linchar alcaldes pasó de Perú a Bolivia

Indígenas aymaras del poblado de Ayo Ayo en La Paz mataron al alcalde acusándolo de corrupto. Sucedió lo mismo dos meses atrás, en Ilave, Perú.

El alcalde del poblado aymara de Ayo Ayo, en los Andes de Bolivia, fue linchado y quemado por sus habitantes enfurecidos, en un acto de aplicación de la justicia comunitaria aymara –que contempla ese castigo en su sistema penal tradicional– ante el veredicto de la Corte Superior de la Paz que exculpaba al alcalde de los cargos de corrupción y nepotismo. En tanto, ayer, en Ilave, localidad de la provincia peruana del Collao, los aymaras iniciaron un paro contra la designación del reemplazante del alcalde que fuera linchado en abril, también como castigo por su presunta corrupción. Ambos episodios de violencia involucraron a pobladores aymaras y quechuas, dos de las naciones de la población mayoritariamente indígena de Perú y Bolivia, cuya cultura tiene al linchamiento como medida punitiva comunitaria ante la transgresión de la norma.
El alcalde mestizo Benjamín Altamirano fue linchado en la noche del lunes en el poblado aymara boliviano de Ayo Ayo, por una multitud furiosa ante el veredicto de la Corte Superior de la Paz, que exculpó a Altamirano, acusado de corrupción durante su gestión. La población enardecida “martirizó” a Altamirano en su propia casa con palos y piedras, luego lo llevó a la plaza central del pueblo y después de atarlo a un poste de energía eléctrica, lo prendió fuego, de acuerdo con versiones de testigos citados por periodistas locales en ese poblado indígena, que ayer vivía todavía episodios de violencia. Altamirano fue interceptado anoche, en una calle céntrica de La Paz, a 80 kilómetros de Ayo Ayo, e introducido por la fuerza en un vehículo que partió con rumbo incierto, según una de sus hijas.
Altamirano, miembro de la populista de derecha Nueva Fuerza Republicana (NFR), fue acusado por manejos dolosos en su gestión, cargos por los cuales debió comparecer ante un tribunal en La Paz. Los vocales de la corte declararon procedente un recurso de amparo constitucional presentado contra sus detractores, entre ellos Samuel Saturnino Apaza, principal sospechoso del asesinato. Un portavoz de la Policía Técnica Judicial confirmó que las primeras pesquizas en Ayo Ayo dejaron como resultado la detención de Apaza. Erick Reyes Villa, un vocero de la NFR, confirmó que este partido político, convertido en unos de los opositores del presidente Carlos Mesa, postuló a Altamirano para las elecciones municipales de 2000. “Lo más lamentable es que haya perdido la vida en circunstancias tan fatales. Nosotros estamos investigando y estamos pidiendo informes para saber cuáles han sido las causas (de su muerte)”, apuntó Reyes Villa. El presidente Mesa condenó los sucesos de violencia y prometió una investigación al respecto. En tanto, hacia Ayo Ayo se desplazaron ayer refuerzos policiales, según informes oficiales.
En la vecina Perú, en la localidad de Ilave, los pobladores aymaras iniciaron una vigilia en la Plaza de Armas para evitar la jura del alcalde reemplazante de Cirilo Robles, quien fuera acusado de corrupción y linchado en abril por sus pobladores.

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Campesinos indígenas aymaras muestran carteles de condena al alcalde Benjamín Altamirano.
 
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