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El gobierno colombiano está a la espera de una respuesta de las FARC a su oferta de canje de secuestrados por rebeldes presos, una propuesta que varios sectores vinculan con los afanes de reelección del presidente Alvaro Uribe y que generó críticas por sus posibles efectos en la política de seguridad. Aunque la iniciativa, anunciada el pasado miércoles, fue acogida en el país como la posibilidad más concreta para la negociación de un acuerdo de intercambio humanitario, dirigentes políticos comenzaron a cuestionarla como una maniobra política de Uribe con vistas a su reelección en el 2006.
En su propuesta enviada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 23 de julio, Uribe dijo estar dispuesto a entregarles a 50 guerrilleros presos a cambio de 22 políticos, 34 militares y policías, y tres estadounidenses en poder de ese grupo. La sorpresiva oferta implica un viraje de Uribe frente al canje, pues hasta ahora pedía la liberación de todos los secuestrados –unos 1600–, señalando que no había secuestrados de primera ni de segunda. Ya antes había cedido en su exigencia de una mediación de la ONU, de un cese de hostilidades y del inicio de un diálogo. La lista de rebeldes presos que las FARC reclamarían en un eventual canje incluye importantes jefes rebeldes acusados de crímenes de guerra, que el gobierno colombiano dice no estar dispuesto a liberar. La lista está encabezada por el comandante guerrillero Ricardo Palmera alias “Simón Trinidad”, el guerrillero de mayor jerarquía que se encuentra encarcelado. Fue capturado en Quito en enero y deportado un día después a Bogotá, en lo que ha sido considerado el más duro golpe a las FARC desde su fundación hace 40 años. Estados Unidos ha solicitado su extradición por narcotráfico y el secuestro de tres norteamericanos y la ejecución de otro y un colombiano en febrero del 2003.
“¿Por qué han dilatado el posible canje durante dos años para llegar a lo mismo? No quisiera pensar que este cambio lo motivaron las encuestas”, dijo ayer el senador Germán Vargas, en momentos en que la Comisión Primera del Senado discutía y aprobaba en el quinto de ocho debates un proyecto que levanta la prohibición de la reelección. El senador izquierdista y ex guerrillero Antonio Navarro –opositor de Uribe– coincidió con Vargas -aliado del mandatario– al señalar que la iniciativa oficial “está ligada al hecho de que se está aprobando la reelección y el presidente ya no está pensando como presidente sino como candidato”. Las suspicacias llegaron también al rebelde Ejército de Liberación Nacional, al que el gobierno envió también una propuesta para iniciar un diálogo –revelada el jueves-. “Si el ELN entiendeque las conversaciones entre el gobierno y el ELN pueden ser utilizadas como parapeto reelectoral, el ELN se retira”, advirtió ayer el vocero rebelde Felipe Torres.
Vargas fue más allá del asunto electoral, advirtiendo de las consecuencias de la oferta del gobierno en la estrategia de seguridad y en la moral de las tropas. “Si vamos a reversar toda la política de seguridad, todo este tema de la reelección para mí pierde sentido”, añadió. El tema es tan sensible para la política de seguridad que Uribe se reunió la noche del jueves con el alto mando de las Fuerzas Militares para explicarles los alcances de la propuesta, ya que el comisionado de paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, había adelantado que los militares eran “respetuosos” de esa iniciativa.
“La propuesta nos fortalece, hace que nuestra lucha tenga todavía mucha más legitimidad”, aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Ospina, quien dijo que Uribe les explicó que un eventual canje no implicaría “despejes (zonas desmilitarizadas), cese, disminución o cambio en el ritmo de las operaciones militares”. En este sentido, Ospina advirtió que no cesarán las operaciones de rescate de secuestrados y continuará el Plan Patriota, la mayor ofensiva militar lanzada por el gobierno contra las FARC en el sur del país –su retaguardia–, con el apoyo de Estados Unidos.”