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Por Yolanda Monge *
Desde Washington

Que un periodista no revele sus fuentes de información ya tiene un precio en Estados Unidos, 18 meses de cárcel. Es la condena que un juez federal ha impuesto a la reputada reportera de The New York Times Judith Miller por negarse a revelar su fuente confidencial sobre un espinoso tema, la filtración de la identidad de un agente de la CIA.
Miller no llegó a publicar ningún artículo sobre la agente en cuestión, Valerie Plame. Aun así, el juez federal Thomas Hogan ha ordenado que ingrese en prisión por un tiempo de año y medio por el solo hecho de que la redactora contemplase la posibilidad de escribir tal crónica, ya que además había llevado a cabo entrevistas con ese mismo fin. La condena está en suspenso mientras se plantea un recurso de apelación. La tensión entre los periodistas que protegen sus fuentes y los jueces que quieren que colaboren en las investigaciones no es nueva, y hay doctrina del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de prensa y el secreto profesional.
Corría el año 1974, cuando una revista llamada Counter Spy identificó a Richard Welch como el jefe de la oficina de la CIA en Atenas. Dieciocho meses después era acribillado a tiros en la puerta de su casa en la capital griega. Nunca pudo demostrarse si la revista ayudó o no a que la organización terrorista 17 de Noviembre acabase con la vida del agente de la CIA. Lo que sí quedó claro es que aquel suceso marcó un antes y un después. La práctica de revelar la identidad de agentes del espionaje, que no eran pocos en los años de la Guerra Fría, quedó regulada por una ley. Esa ley (Intelligence Identities Protection Act), que no se ha utilizado en las últimas décadas, es la base de una investigación actual del Gran Jurado sobre la revelación el año pasado de la identidad de Valerie Plame como agente encubierta del espionaje de EE.UU. “Debo proteger mis fuentes”, ha declarado Miller por toda respuesta ante la condena del juez.
El caso por el que Miller puede pasar 18 meses en una prisión federal es conocido como el caso Wilson/Plame. Antes de la guerra de Irak, en 2002, el embajador Joseph Wilson recibió el encargo de la CIA de averiguar si era cierto que Níger había vendido uranio a Irak. Wilson fue al país africano y llegó a la conclusión de que se trataba de una pista falsa. Pero la administración no tuvo en cuenta el informe, y Bush dijo, en su discurso sobre el estado de la Unión de enero del 2003: “El gobierno británico ha sabido que Saddam Hussein recientemente intentó hacerse con cantidades significativas de uranio en Africa”.
Más tarde, el diplomático escribía un artículo en The New York Times en el que exponía su punto de vista. Pocos días después, un columnista publicó que dos altos funcionarios de la Casa Blanca habían filtrado a varios periodistas que la esposa de Wilson, Valerie Plame, le había conseguido el encargo de Níger gracias a que era agente de la CIA.
El escándalo político estaba servido y era doble. Primero, por la represalia contra Wilson; segundo, porque revelar la identidad de un agente de un servicio de espionaje es un delito federal. El gobierno abrió una investigación especial para saber quién había cometido el delito. El proceso por la filtración sigue adelante. Cinco periodistas han sido llamados a declarar en la investigación. Sobre uno de ellos ya pesa una condena.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.