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El Gobierno podría presentar en sociedad hacia el final de la semana a su nuevo candidato para ocupar la vacante que se produjo en la Corte Suprema con la renuncia de Adolfo Vázquez. Mañana vence el plazo formal que fijó el propio Néstor Kirchner al establecer el sistema de selección y examen público de los postulantes para el máximo tribunal. Entre los nombres que más suenan aparecen varios representantes del interior del país. La lista incluye juristas reconocidos, personajes con buenos vínculos políticos y también ligados a la Iglesia Católica.
Cuando comenzó a caer la vieja mayoría automática y el Gobierno buscaba a los primeros reemplazantes, las preferencias oficiales estaban puestas en que los nuevos ministros tuvieran una trayectoria importante, independencia, reconocimiento internacional y que fueran defensores de los derechos humanos. Después de la designación de Raúl Zaffaroni, la incorporación de mujeres también se convirtió en prioridad. Y así llegaron Carmen Argibay (que asumiría en diciembre) y Elena Highton de Nolasco. Ahora el criterio oficial sería más amplio: apuntaría a alguien del interior del país y no descartaría que estuviera ligado a la Casa Rosada o pueda funcionar como interlocutor político.
Según el famoso decreto 222 con el que Kirchner autolimitó el año pasado las facultades del Poder Ejecutivo para nombrar jueces de la Corte, cuando se produce una vacante en el tribunal el Presidente tiene un plazo de treinta días para proponer un candidato y dar a publicidad sus antecedentes. Para postular a Highton se tomó más tiempo, algo que podría volver a ocurrir, aunque en el Ministerio de Justicia anuncian que el nombre del posible noveno supremo se conocería oficialmente entre mañana y el viernes. Si se concreta este paso, el proyecto de reducir el número de integrantes de la Corte a siete –que goza de la simpatía del ministro de Justicia, Horacio Rosa- tti, y que es alentado por un grupo de ONG que suscriben el proyecto “Una Corte para la Democracia”– quedaría para un futuro menos próximo. Estaría, además, sujeto a otros posibles alejamientos supremos, quizás el de Antonio Boggiano.
Como ocurrió con las designaciones anteriores, la mesa de discusión sobre los posibles juristas para la Corte la integra el círculo íntimo del Presidente: el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y Cristina. Aunque esta vez el ministro Rosatti procura incluir sus sugerencias. Cerca del titular de Justicia, dicen que se limita a transmitir las propuestas que recibió de organizaciones civiles y asociaciones de abogados y magistrados.
La nómina que circula por los despachos de Casa Rosada incluye a coterráneos de Rosatti. Uno de ellos, que sonó fuerte desde el primer día, es el sanatafesino Ricardo Lorenzetti, un prestigioso experto en derecho civil que goza de la simpatía de la senadora Fernández de Kirchner. A él se suma Rodolfo Vigo, que integra el superior tribunal de Santa Fe, está ligado a la Iglesia (solía responder al ex arzobispo Edgardo Storni) y cercano al titular de la cartera de Justicia. Algunas voces le adjudican a Vigo lazos con el Opus Dei, que él suele desmentir. Su eventual designación podría ser una señal para evitar una ruptura con los sectores eclesiásticos más irritados con el nombramiento de Argibay –que se pronunció a favor del aborto y el derecho a decidir– y el posible avance del juicio político a Boggiano, hombre de la Iglesia en la Corte.
La figura del propio Rosatti, especialista en derecho administrativo y constitucional, aparece como posible cortesano en algunas especulaciones, sobre todo entre legisladores kirchneristas. Pero algunos sectores del Gobierno creen poco conveniente impulsarlo por su cercanía al Presidente. Preferirían, por ejemplo, alguien de confianza que esté en el Poder Judicial, como el procurador Esteban Righi, aunque reconocen que no buscan un penalista, especialidad cubierta por Za-ffaroni y Argibay.
Un laboralista también integra la danza de nombres. Es Mario Ackerman, titular de Derecho del Trabajo en la UBA, quien está más dedicado a la actividad académica que a la de abogado. Ackerman fue asesor parlamentario de legislación laboral, tanto del bloque radical como del justicialista. La camarista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci no quedó fuera de carrera, ni el camarista Néstor Sagüés. Si no hay cambio de planes, el enigma se develaría en cuestión de horas.