[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“El tema está en Diputados, la decisión la toma Diputados. El Gobierno no se inmiscuyó ni antes, ni ahora, en los juicios políticos contra funcionarios judiciales”, confió a Página/12 el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La frase implica una respuesta al titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el tucumano Ricardo Falú, quien había sugerido sin nombrarlo que el jefe de Gabinete había sido el funcionario que aseguró que “Kirch-ner quiere a (Antonio) Boggiano en la Corte”. “Para mí es muy difícil discutir con fantasmas. Me parece muy grave que un funcionario diga que el Presidente quiere a Boggiano en la Corte porque escribió un libro o tiene importantes vínculos con la Iglesia”, respondió Falú ante la publicación que sostenía que desde la Rosada se desalentaba el juicio político contra el último integrante de la denominada mayoría automática.
El entredicho deja en claro algo que se venía insinuando. Un cortocircuito entre la Rosada, o por lo menos algún funcionario del primer piso de la sede del Gobierno, y la comisión parlamentaria responsable de enjuiciar la conducta de los jueces del supremo tribunal. En el Congreso incluso se sostiene que entre esos dos bandos, la senadora santacruceña Cristina Fernández de Kirchner estaría más identificada con los diputados de la Comisión de Juicio Político que con los funcionarios que diferencian a Boggiano del ex titular de la Corte, el riojano Julio Nazareno, intentando desestimar su proceso político. La senadora optó por el bajo perfil y no se definió sobre este punto. Sin embargo, un importante funcionario de la Casa de Gobierno, consultado por este diario, desmintió la existencia de diferencias o de alguna interna con la senadora Kirchner.
A primera hora de la mañana, cuando a Falú se le preguntó por la noticia publicada por el diario La Nación en la que se señalaba que “Kirchner lo quería a Boggiano en la Corte”, dijo que “ningún funcionario puede orientar a la Comisión de Juicio Político”. También entregó algún indicio de que sabía quién era el funcionario que hablaba en nombre del Presidente. “Probablemente sea alguno de los funcionarios que hasta hace poco sufrían incontinencia verbal frente a los medios y que ahora habla a través de un artículo en La Nación”, dijo.
En los medios el tema no es nuevo. “Tengo referencias de la opinión de este funcionario desde hace tres semanas. Distintos periodistas que considero serios fueron publicando cuestiones similares y no creo que ellos quieran crear un clima favorable para Boggiano”, respondió Falú a la hora de interpretar las opiniones de la Rosada.
Lo cierto es que para Boggiano comenzó su tiempo de descuento. El 21 tendrá que hacer su descargo en Diputados. Una fuente del máximo tribunal confió a este diario que se lo ve muy preocupado y un tanto deprimido. “Desde la Rosada me dijeron que me quedara tranquilo con el juicio político”, asegura que suele ser el comentario de Bo-ggiano. La misma fuente sostiene que la respuesta de Boggiano no ocultaba su preocupación. “Entonces, traten el tema cuanto antes y desestimen el proceso porque yo no puedo seguir ejerciendo la magistratura en estas condiciones”, habría sido la respuesta del juez a su interlocutor en Gobierno.
Las críticas de Falú produjeron su impacto en la Rosada. El jefe de Gabinete no fue el único que desmintió cualquier intervención en el trabajo de los Diputados. “El Ejecutivo es absolutamente prescindente. Jamás ha tenido ninguna injerencia en el tema. Son facultades propias del Congreso. Ni en un sentido, ni en otro, no he recibido ninguna sugerencia”, fue la respuesta del titular de la bancada peronista en la Cámara baja, el bonaerense José María Díaz Bancalari.
Palabras más, palabras menos, Díaz Bancalari transmitió las mismas opiniones a la gran cantidad de diputados que lo llamaron a su despacho para conocer de primera mano si el Ejecutivo había enviado alguna señal de socorro en favor de Boggiano.
Algo similar dijo a este diario el titular de la bancada oficialista en el Senado, el rionegrino Miguel Angel Pichetto. “Nadie en la Rosada nunca me dijo nada sobre este tema”, sostuvo. Claro que sus puntos de vista son distintos a los de los diputados que a primera vista aparecen como partidarios de acusar al juez de la Corte. “El ciclo de los juicios a la Corte está agotado. Hay que dar estabilidad a las instituciones”, opinó Pichetto.
No es el único en el Senado que se encolumna con este punto de vista. Claro que en la Cámara alta, hasta el momento, no se escucharon las opiniones de la santacruceña Cristina Kirchner. Aunque éstas seguramente se concretarán en privado, serán determinantes en la decisión final del cuerpo.
“Nadie puede decir que Boggiano sea un juez kirchnerista. Sin embargo, hoy por hoy, junto con Augusto Belluscio es uno de los que más diálogo tiene con el Gobierno”, confía a este diario un legislador con buena llegada a la Rosada. La mención intenta explicar por qué desde algún despacho de la Casa de Gobierno se desalienta el proceso contra el último de los jueces que formó parte del quinteto alineado automáticamente con el menemismo.
Cuando corrían los últimos años del menemismo, este juez, que ingresó a la Corte con el beneplácito del entonces Nuncio Apostólico, Ubaldo Calabresi y monseñor Antonio Quarracino, tomó distancia del riojano y comenzó su acercamiento al duhaldismo. Precisamente Eduardo Duhalde había sugerido una posible candidatura de Boggiano para integrar la Corte Penal Internacional. El tema naufragó y hasta el momento nadie pudo salvar a Boggiano de los riesgos de un juicio político que en Diputados tiene casi un final cantado.
En el Senado no aparece como tan fácil, pero varios dan por descontado que el clima cambiará apenas los senadores conozcan las opiniones de Cristina Kirchner. Por lo pronto, los hombres del oficialismo consultados por este diario no ocultan la necesidad de “llevar tranquilidad de espíritu a la Corte Suprema para que pueda definirse sobre los temas importantes que tiene pendiente”. Entre ellos el fallo de fondo sobre la pesificación. Claro que ninguno se anima a poner en juego su prestigio político para salvarlo a Boggiano. Más aún si, tal como parece, la definición del caso tuviera que tomarse en el 2005, un año electoral.