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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

La reciente decisión del presidente Carlos Mesa de reducir el precio del combustible no ha logrado desactivar las protestas que, desde hace dos semanas, acosan a su gobierno y cuyo epicentro es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ubicada a 800 kilómetros de La Paz y sede de los sectores más dinámicos de la economía boliviana. Tampoco han resultado efectivas las constantes apariciones del primer mandatario en la televisión ofreciendo a los bolivianos “un país con crecimiento y paz social”. Por el contrario, la radicalización de los reclamos cruceños –que han derivado en una convocatoria para conformar un gobierno regional autónomo– está profundizando la polarización regional del país y poniendo en riesgo la estabilidad institucional.
Al frente de una masiva marcha en el centro de la ciudad de Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Rubén Costas –en huelga de hambre desde hace cuatro días– convocó para el próximo 28 de este mes a un cabildo donde se decidirá la conformación de un gobierno provisional autónomo del departamento, desafiando la legalidad vigente. Entre gritos reclamando “¡Autonomía ya!” y su elección como gobernador, Costas señaló que “no claudicaremos ante el gobierno central”. Cuando los oradores se referían al “presidente” Mesa, los manifestantes cantaban “ya no es, ya no es”. Pocas horas antes, el edificio de la prefectura (gobernación) –cuya seguridad había sido retirada– era tomado por los estudiantes universitarios, quienes izaron banderas verdes y blancas, que representan los colores de la cruceñidad.
La radicalización de las protestas –que incluye el no pago de impuestos al Tesoro Nacional– evidenció que, más allá del aumento de los carburantes, el sustrato de la crispación actual es el creciente sentimiento autonomista –frente al Estado “andinocéntrico”– que atraviesa a la sociedad cruceña. Aunque no es difícil constatar que las protestas, pese a su apoyo popular, son lideradas por los sectores empresariales, hegemónicos en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. “Se trata de una burguesía nacional que se benefició del centralismo en las últimas décadas y que hoy, ante la emergencia de los movimientos sociales en el occidente del país, busca refugiarse en su región, para así controlar los recursos naturales –tierras e hidrocarburos– y negociar con las empresas transnacionales”, dice el analista Raúl Prada, consultado por Página/12. “En octubre de 2003 no sólo se fue (el ex presidente Gonzalo) Sánchez de Lozada, también perdieron sus espacios de poder sectores de las elites cruceñas que, por más de 18 años, ocuparon puestos clave dentro del poder estatal”, agrega el sociólogo Alvaro García Linera, para quien la embestida cruceña es “más bien defensiva”, lo cual no quita que esté propiciando una “peligrosa dualidad de poderes” entre el regional y el nacional. El sociólogo agrega que, en las últimas décadas, “el poder económico ascendente, pese a sus problemas, se ha trasladado del occidente al oriente, pero el poder sociopolítico de movilización se ha reforzado en occidente, dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica en el país”. Y concluye que “mientras en el occidente emergieron construcciones discursivas que asociaron la crisis económica al neoliberalismo, en el oriente –donde perdura una hegemonía cultural empresarial– se asociaron los padecimientos al centralismo paceño y no al modelo económico”.
En la memoria colectiva pervive la asociación de los burgueses cruceños con golpes de Estado como el protagonizado por Hugo Banzer Suárez en 1971, que pusieron fin a gobiernos nacionalistas y populares. El alcalde reelecto de La Paz, Juan del Granado –quien junto a nueve alcaldes de lasprincipales ciudades, con excepción de Santa Cruz, emitió un comunicado de apoyo a Carlos Mesa–, sostuvo el viernes que la protesta cruceña, “si bien tiene como trasfondo el aumento de los carburantes y la crisis económica, forma parte de una peligrosa conspiración antidemocrática promovida por sectores oligárquicos destinada a malograr el proceso de la asamblea constituyente”. En la misma línea, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) –que acaba de expulsar a la empresa de aguas Lyonnaise des Eaux– y el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, criticaron a la “oligarquía cruceña”, alineándose de facto con el gobierno frente al “mal mayor” representado por la embestida autonómica.
Mientras tanto, cada día surgen nuevos rumores acerca de la renuncia de Mesa, quien ha amenazado con abandonar el Palacio Quemado si hay muertos, producto del complejo clima social que vive el país. Como muestra de las múltiples dificultades que enfrenta el ex presentador de noticias, ayer su gabinete económico (que debe negociar con los cruceños) fue censurado por el Parlamento. Y su liderazgo mediático se muestra incapaz de unir un país cada vez más dividido.