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Que dé la cara. Eso pidió la ex ministra de Justicia del régimen del general Augusto Pinochet, Mónica Madariaga. Ayer acusó al ex general de no asumir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y se manifestó dispuesta a comparecer ante los tribunales. “Yo, como ministra, si el día de mañana están procesando a mis abogados, a mis funcionarios, a mis auxiliares, voy a salir a dar la cara, pero no voy a esconderme debajo de la mesa y menos debajo de un catre para dejar que otros respondan por mí”, señaló Madariaga, sobrina de Pinochet.
Pinochet “está dejando que su gente sea arrastrada a procesos sin que él asuma ningún rol en esto”, dijo la ex ministra en referencia a dos ex ministros de la dictadura enjuiciados por la desaparición de 119 personas durante las operaciones represivas Cóndor y Colombo. “El gran tema está en el hecho de que el general Pinochet no haya querido jamás asumir la responsabilidad que le cabía como comandante en jefe del Ejército, más que como presidente de la República”, dijo Madariaga en declaraciones a Radio Cooperativa. El argumento de la ex ministra consistió en responsabilizar a la cúpula de las Fuerzas Armadas por la violación a los derechos humanos durante la dictadura y afirmar que “los cargos políticos no eran los que manejaron la represión”. “Fue una política gubernamental manejada por las instancias castrenses, ajena a mi modo de ver a las instancias netamente administrativas, orgánicamente institucionalizadas, como ministerios o servicios públicos.” Además de apuntar a Pinochet, Madariaga culpó de la represión a las cúpulas castrenses y responsabilizó a la policía política de la dictadura, la DINA, “que se institucionalizó como servicio del Estado” en la represión.
Madariaga lanzó su acusación cuatro días después de que el juez Juan Guzmán Tapia, que mantiene procesado a Pinochet por asesinatos y secuestros, ordenara el arresto de dos de sus ex ministros, los generales retirados Enrique Montero y César Raúl Benavides, que fueron titulares en la cartera del Interior y a quienes señaló como cómplices en la Operación Colombo que provocó esas desapariciones forzadas a mediados de 1975. Madariaga calificó la situación de los ex funcionarios como “una situación muy injusta”, ya que según ella sólo eran receptores de la información de los organismos de inteligencia. Benavides fue notificado ayer de su arresto domiciliario, mientras sigue pendiente la detención de Montero.
Por otra parte, el jurista Eduardo Contreras, uno de los abogados que impulsa las acusaciones contra Pinochet, anunció que pedirá que sea privado de su fuero el senador Sergio Fernández, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), que fue ministro del Interior entre 1978 y 1882. Contreras pedirá el desafuero por “la responsabilidad que le corresponde como supuesto cómplice o encubridor de la situación de detenidos desaparecidos”, en el marco de la Operación Cóndor.
Fernández señaló ayer que asumía “la responsabilidad política” de su gestión como uno de los primeros civiles que se integró al gabinete de la dictadura. Además aseguró que su labor tuvo una función meramente política y que los delitos relacionados con la Operación Cóndor “ocurrieron en una época en la que yo no era ministro”.