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Que las cosas sean visibles no soluciona nada, pero ayuda. Tras la publicación en Página/12 de los detalles sobre una votación en el Consejo de la Magistratura para nombrar un nuevo juez en Lomas de Zamora, un grupo de abogados y jueces no pudo imponer un criterio de selección que equivaldría a violar el reglamento. Ayer, la Comisión de Selección del Consejo eligió a Laura Amalia Benavides para ocuparse interinamente del juzgado federal número tres de Lomas de Zamora. Por siete votos contra seis rechazó la candidatura de Juan Manuel Alvarez Echagüe, impulsado como postulante aunque no figuraba en la terna necesaria según el reglamento.
La responsabilidad social que se le abre ahora a Benavides, una abogada con fama de rigurosa y honesta entre sus colegas, es inmensa. El juzgado de Lomas de Zamora es el encargado de decidir sobre las cuestiones civiles del Aeropuerto de Ezeiza. Su próxima tarea será nombrar un interventor en la caja recaudadora de Aeropuertos Argentina-2000.
Lo más curioso de ayer es que los miembros de la Comisión de Selección votaron sobre si ese reglamento era obligatorio. Algo parecido a que integrantes de una cámara decidiesen por voto si el Código Penal vale o debe ser tirado a la basura.
El primer voto para decidir si el nombre tenía que salir de la terna elevada por la Cámara Federal de La Plata salió empatado.
Sufragaron por cumplir el reglamento seis miembros: Luis Pereira Duarte, Lino Palacio, Bindo Caviglione Fraga, Claudio Kipper, Victoria Pérez Tognola y Beinusz Schmukler.
Votaron por sortearlo otros seis: Humberto Quiroga Lavié, el diputado radical Juan Mínguez, el diputado ruckaufista Jorge Casanovas, Edgardo Orio, Juan Geminiani y Joaquín Da Rocha.
Da Rocha es el representante del Poder Ejecutivo. En realidad su voto se diferenció de los otros cinco porque propuso a la Cámara de La Plata que enviara una terna nueva. Su argumento fue que Gregorio Fleicher, actual juez subrogante, no es del Colegio de Lomas de Zamora. Fleicher es de La Plata, donde está la sede de la Cámara Federal que supervisa al juzgado de Lomas.
Como presidente de la Comisión, Schmukler votó de nuevo, usando su derecho al doble voto para desempatar, obviamente en favor de la terna.
Luego, Kipper propuso a Benavides. Fue aprobada por unanimidad.
También el comienzo de una nueva estructura en la seguridad de los aeropuertos recibió un impulso luego de que el foco social quedara puesto sobre los huecos, los agujeros negros, la desidia de organismos o funcionarios del Estado y la colonización de intereses públicos por parte de concesionarios y concesionarios de concesionarios.
El funcionario designado, Marcelo Saín, es un experto en lavado de dinero y narcotráfico, dos especialidades que le vendrán en Ezeiza, que produjo un escándalo político cuando denunció que punteros del Gran Buenos Aires conseguían dinero en un ejercicio de recaudación ilegal combinado con integrantes de la Bonaerense. Junto a Juan Pablo Cafiero y Carlos Arslanian, entre otros, integra el pequeño grupo de expertos o dirigentes políticos que en distintos momentos apostaron a cambiar la peor fuerza de seguridad de la Argentina.
Una de las funciones que el Presidente Néstor Kirchner encargó ayer a Saín es el control de todas las funciones de seguridad de los aeropuertos. Y le dijo que no se fijara límites para plantear un diseño nuevo. En ese cuadro, Saín se topará con miembros de la ya ex Policía Aeronáutica Nacional que en rigor revistaban solo en la categoría Personal Civil de Inteligencia, con empresas como TAS que vienen del tronco de los negocios de Alfredo Yabrán y con las tareas de seguridad delegadas por Eduardo Eurnekian, propietario de AA-2000, en el ex secretario de Seguridad y ex jefe de la Policía Federal de Carlos Menem, Adrián Pelacchi.
La misión de Saín será doble. Por un lado, llevar a la práctica la desmilitarización de la seguridad en los aeropuertos creando una fuerza deseguridad nueva. Por otro, instalar por primera vez un control verdadero en los aeropuertos de todo el país.
El Estado argentino –un aparato maniatado y sin prestigio– no suele prever el futuro. Ése es un dato de la realidad. Actúa ante incendios de cuatro maneras. En general, son funcionarios del propio Estado los que provocan el incendio junto con delincuentes que vienen de la actividad privada. Otras veces el Estado mira el incendio como si fuera ajeno. A veces apaga el incendio. Muy raramente apaga el fuego, se pregunta por qué empezó y crear una estructura para prevenirlo.
Es imposible eliminar el narcotráfico mientras siga siendo la principal multinacional del planeta y existan los gigantescos mercados de consumo de los Estados Unidos y Europa. En cambio es posible reforzar los controles para que ninguna instancia del aparato estatal participe del delito más complejo y organizado. Habrá narcos, pero su capacidad de destruir el tejido social será mucho menor. Eso es apagar el incendio y actuar para no haya otro por responsabilidad de quien debe prevenirlo.