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Una comisión del Congreso de Perú recomendó ayer cesar al presidente Alejandro Toledo, como una de tres alternativas para sancionarlo por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública en un caso de falsificación de firmas. Las otras alternativas propuestas son la inhabilitación de Toledo por diez años para cualquier cargo público y la suspensión temporal en el cargo por un lapso que no fue definido.
La propuesta de cese de la gestión del gobernante fue del presidente del grupo parlamentario, Edgar Villanueva, quien dijo que en lo personal considera viable que el Congreso, que debe estudiar el caso, declare “la vacancia presidencial”. Las drásticas recomendaciones, adoptadas por mayoría, se fundamentan en la presunción de que Toledo intervino en la falsificación de firmas que se atribuye a su partido para obtener su inscripción legal ante las autoridades electorales cuando era candidato presidencial en 1998. “La participación del presidente sería como coautor de delito de asociación ilícita para delinquir y sería además coautor mediato del delito contra la fe pública”, expuso Villanueva. La comisión determinó que se ha acreditado la existencia de “una organización criminal que se había dedicado al proceso sistemático, ordenado y planificado de falsificación de datos” de parte del partido País Posible, anterior nombre de Perú Posible, el partido fundado por Toledo. El informe final precisa también que Margarita Toledo, hermana del jefe de Estado, es coautora del delito de asociación ilícita para delinquir. Toledo inició su gestión en 2001 y debe concluir su gobierno el 28 de julio del próximo año.
El documento será debatido en el Congreso, que deberá aprobar o rechazar sus conclusiones y recomendaciones. Según la Constitución, la vacancia presidencial puede ser declarada por “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.