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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

El decreto presidencial convocando a Asamblea Constituyente y referéndum autonómico para el 16 de octubre no ha logrado calmar los ánimos en el país andino. La medida encontró el rechazo de casi todos los actores políticos y sociales, en una espiral de radicalización que impide cualquier acercamiento entre los sectores enfrentados. En un cambio de discurso, la central campesina liderada por el senador suplente del MAS, Román Loayza, ha pedido el adelantamiento de las elecciones, demanda compartida por sectores empresariales que critican el “desgobierno” actual. Las elites de Santa Cruz han convocado a la movilización de ese departamento en defensa de la autonomía regional. Y Walter Kreiler, parte del sector cruceño del gobierno, presentó su renuncia como ministro de Desarrollo Económica, salida que se suma a la de la ministra de Educación, María Soledad Quiroga, la se-mana pasada.
Tanto la derecha empresarial cruceña como los movimientos sociales del occidente del país –incluyendo al MAS de Evo Morales– rompieron lanzas contra la iniciativa de Carlos Mesa, quien, a última hora del jueves, intentó aprovechar la pelota que le dejó picando el Congreso después de que fracasara otra vez la sesión que debía articular las agendas en pugna (autonomías y Constituyente) y tratar de encontrar una salida ante la profunda polarización que vive el país. Según la Constitución vigente, es el Congreso el que debe –mediante ley especial aprobada por dos tercios de los votos– convocar la Constituyente; sin embargo, según la lectura del Ejecutivo, el presidente puede fijar la fecha de la convocatoria. El nuevo conejo en la galera del mandatario –que sorprendió a unos y otros con su iniciativa– buscó frenar las movilizaciones cruzadas que tienen en jaque a su gobierno. Pero su temprano fracaso ha puesto de relieve el desgaste difícil de remontar que afecta a su administración.
El Comité Cívico cruceño le declaró virtualmente la guerra al poder central; incluso, fuentes consultadas por Página/12 mencionan versiones de que Santa Cruz estaría discutiendo desconocer al gobierno nacional. En una declaración denominada “Manifiesto Cívico a la Nación”, los dirigentes de ese departamento descalificaron el decreto presidencial y ratificaron la autoconvocatoria a un referéndum autonómico para el 13 de agosto. La diferencia con la fecha propuesta por Mesa es de sólo dos meses, lo cual destaca la intransigencia cívica y confirma las sospechas de que, en realidad, busca evitar una Asamblea Constituyente que podría poner en cuestión asuntos claves para las elites orientales, como la propiedad de la tierra. La Unión Juvenil Cruceñista, que días pasados apaleó a un grupo de campesinos e indígenas que pretendían ingresar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, prohibió ayer cualquier marcha que no defienda la autonomía departamental. Esta actitud evocó a las juventudes hitlerianas –por el carácter paramilitar y los tintes racistas de su accionar– y puso en pie de guerra a los numerosos migrantes collas que viven en esa ciudad.
Ayer empezaba a escasear el combustible en varias regiones del país y los alimentos aumentaban sus precios en La Paz. La sede de gobierno estuvo semiparalizada durante toda la jornada por un paro de transporte; sólo algunos taxistas se animaron a circular a riesgo de ser “chicoteados” (azotados) por los activistas sindicales. Entretanto, en la ciudad de El Alto se radicalizaron las medidas de fuerza. Al igual que durante la “guerra del gas” de 2003, los alteños instalaron puestos de vigilia, cerraron los accesos a la capital y comenzaron a cavar zanjas alrededor de la planta de Senkata, que abastece de combustible a La Paz. Según varios pronósticos, el combustible podría acabarse en esta ciudad el próximo domingo. Los cocaleros de los Yungas de La Paz, los guaraníes de Tarija y las organizaciones campesinas de Cochabamba se sumaron a las medidas de presión en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Constituyente. Desde el lunes será bloqueada la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la única que permanecía transitable. Y los indígenas del oriente amenazan con ocupar pozos petroleros.
“El gobierno pretende desmovilizar, pero los movimientos sociales no pueden levantar sus medidas hasta conseguir la Asamblea Constituyente y la nacionalización ‘de hecho’ de los hidrocarburos”, dijo el dirigente del MAS Evo Morales, quien llamó a la unidad al movimiento popular “para emprender una dura resistencia ante la ofensiva autonómica cruceña y un eventual golpe de Estado” y aceptó la mediación de la Iglesia pero sin tregua social. “Se está definiendo el poder en Bolivia, por eso nadie quiere concertar nada”, dijo a Página/12 el analista Alvaro García Linera, para quien el decreto presidencial fue “una iniciativa extemporánea y desesperada del mandatario para recuperar algo de iniciativa perdida”.
Ayer en la tarde, unas 70 personas –representantes de organizaciones sindicales, incluyendo dirigentes de la Central Obrera Boliviana– reclamaron un gobierno cívico militar y expresaron su apoyo al jefe del Estado Mayor del ejército, general Marcelo Antezana Ruiz. El diputado del MAS Gustavo Torrico le dijo a Página/12 que “se trata de gente retrógrada que está metida en una joda que no entiende”, aunque admitió los rumores de golpe. El ejército desmintió cualquier posibilidad en ese sentido, lo que no logró disipar los rumores, en un enrarecido clima político que empeora día a día. Grafittis de apoyo a una salida cívico-militar aparecieron también en la céntrica Plaza de los Héroes.
Pocos parecen dispuestos a responder al “desarme espiritual” propuesto por la Iglesia, convocada por varios sectores –incluido el primer mandatario– a mediar en la crisis. Las horas de Carlos Mesa en el Palacio Quemado parecen contadas. La pregunta que surge es: ¿en beneficio de quién?