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El primer ministro Tony Blair presentó ayer una dura batería de propuestas en respuesta a los atentados del 7 y 21 de julio. El primer ministro indicó que se deportaría a los extranjeros que promuevan o “glorifiquen” el terrorismo, y que se prohibirán una lista de páginas web, librerías, centros y redes islamistas. Añadió que el gobierno rechazará solicitudes de asilo de personas que tengan vinculación con el terrorismo. Para dejar en claro su determinación, el primer ministro indicó que si surgiera algún obstáculo legal a estas medidas, estaría dispuesto a “reformar la ley de derechos humanos”. “No se permitirá que venga gente a Gran Bretaña a predicar que los atentados suicidas están bien. Y si están acá predicando eso, se los deportará. Las reglas de juego han cambiado”, señaló Blair.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la de devolver a su lugar de origen a personas con vínculos extremistas, incluso en caso de que corran el riesgo de ser torturados. Según el gobierno, se firmarían acuerdos con países como Argelia y Líbano para asegurar que los deportados no serán torturados tras la deportación, pero organizaciones de derechos civiles, como Liberty, condenaron la propuesta. La directora de la organización, Shami Chakrabarti, indicó que si las autoridades tenían pruebas de que alguien estaba incitando al terrorismo, debía llevarlo ante la Justicia británica. “Mover a la gente de un lado a otro no es una respuesta a la seguridad nacional o global”, indicó Chakrabarti a la BBC.
El anuncio del primer ministro tuvo una recepción positiva entre algunas organizaciones musulmanas. Omar Farooq, de la Sociedad Islámica de Gran Bretaña, indicó que era hora que Gran Bretaña adoptara medidas para lidiar con el extremismo. “Estamos sumamente frustrados de que mucha gente en nombre de nuestra religión esté causando tanto daño y nos estén complicando la vida en nuestra sociedad”, dijo Farooq.
En el centro de la mira gubernamental se hallan grupos como Hizb ut Tahir y Al Muhajiroun. El primero es una organización radical, ilegal en Alemania y Holanda, que se define como no violenta. Hizb ut Tahir se propone sustituir los gobiernos occidentales con un califato “moderado” que evite los extremos del régimen talibán. El grupo se negó a condenar los atentados del 7 de julio y emitió un comunicado en el que decía que no debía olvidarse la responsabilidad del “colonialismo” occidental. Por su parte, Al Muhajiroun se ha subdividido en dos grupos que calificaron de mártires a los responsables de los atentados del 7-J. Uno de los dos grupos, la Secta del Salvador, considera que los británicos son legítimos blancos de ataque. Bajo las nuevas enmiendas, la pertenencia o recolección de fondos para estos grupos será un delito.
Varias organizaciones musulmanas moderadas advirtieron que podía ser contraproducente prohibir a grupos como Hizb ut Tahir. El mismo Omar Farooq, uno de los líderes más receptivos a las propuestas del primer ministro, opinó que era un “error táctico”. “Esta organización viene perdiendo terreno en los últimos años. Ha perdido mucha credibilidad. La prohibición podría ganarle adeptos”, señaló Farooq. En la misma dirección se pronunció Inayat Banglawala, del Consejo Musulmán de Gran Bretaña. “Si un grupo está violando la ley, debe ser llevado ante la Corte. Prohibirlo va a socavar los mismos valores que queremos proteger”, indicó Banglawala.