[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Para el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, no “sería explicable” si los Estados Unidos se niegan a extraditar a Luis Posada Carriles, ya que iría en contra de la lucha antiterrorista que Washington lidera. “Si existen evidencias en contra de él en Venezuela hay que proceder a la extradición. Debería ser extraditado a Venezuela para que haga frente a la Justicia”, explicó ayer Insulza. Este importante apoyo al pedido venezolano –que hasta el momento sólo había recibido el respaldo explícito del gobierno de Fidel Castro– llegó el mismo día en que el anticastrista Posada Carriles debía comparecer frente a un juez migratorio de Texas, donde se encuentra detenido, para resolver su situación. Insulza afirmó que sobre la situación migratoria debería prevalecer la petición de extradición formulada por Venezuela. El juez migratorio aseguró ayer, después de la primera audiencia, que si determina que ingresó ilegalmente al país recomendaría su deportación a Venezuela.
El juez migratorio William Abbot, de El Paso, Texas, reservó todas las tardes de esta semana para las audiencias del caso de inmigración ilegal de Posada a Estados Unidos. Tanto Venezuela como Cuba vienen denunciando que todos los trámites de inmigración son sólo una fachada para continuar posponiendo los verdaderos cargos: terrorismo y delitos de lesa humanidad. Según el portal Cubadebate, “es como si a Bin Laden lo sometieran a un trámite migratorio en Pakistán” por su ingreso ilegal a ese país, en lugar de “extraditarlo a Estados Unidos” para procesarlo por “la voladura de las Torres Gemelas en Nueva York”. Sin embargo, José Pertierra, abogado en temas migratorios y representante en Washington del gobierno venezolano para el caso de extradición de Posada Carriles, explicó que “el proceso de extradición es paralelo e independiente al trámite de inmigración”.
Pertierra señaló que en la jurisprudencia de Estados Unidos prevalece la extradición, sobre la que resuelven jueces federales, por encima del trámite “administrativo” de inmigración que está en manos de jueces que son empleados del Departamento de Justicia. Advirtió además que Washington, en consecuencia, podría elegir deportarlo si decide no permitir la extradición a Venezuela. “La extradición de Posada Carriles tendría que ser a Venezuela para que rinda cuentas ante un tribunal en Caracas por el delito de homicidio contra 73 pasajeros en un avión de Cubana de Aviación”, explicó. En cambio, señaló Pertierra, “en el trámite de inmigración Posada Carriles tiene la opción de escoger el país donde prefiere ser deportado, sin tener que rendir cuentas ante ningún tribunal penal”.
Venezuela presentó el pedido de extradición el 15 de junio ante el Departamento de Estado norteamericano, que a su vez lo trasladó al Departamento de Justicia, donde dicen que todavía están “estudiando” el caso. Justicia aún no lo presentó a un tribunal federal para iniciar el proceso de extradición. “Hemos conversado con oficiales del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia varias veces, y el gobierno de Estados Unidos sabe que Venezuela está molesta por esta demora injustificada”, aseguró Pertierra. El abogado explicó que si Washington decide no extraditarlo, “incumpliría los tres convenios internacionales” que tiene con su país. Mientras tanto, el gobierno de Hugo Chávez ha estado ofrecíendole ayuda a Estados Unidos. Anteayer, había propuesto venderles petróleo más barato a las comunidades pobres estadounidenses. Ayer, volvió a repetir el gesto al ofrecer “enviar alimentos, agua potable, combustible y ayuda humanitaria” para las víctimas del huracán Katrina que golpeó los estados de Florida, Luisiana y Mississippi.
La negativa de Estados Unidos a concederle asilo a Posada Carriles se debe a que no puede desconocer sus crímenes, que él mismo reconoció a medios estadounidenses. Además de la voladura del avión de Cubana, en noviembre de 2000, Posada Carriles intentó asesinar con una bomba a Fidel Castro cuando éste daba una conferencia antes miles de estudiantes en la Universidad de Panamá. Por este ataque fallido fue condenado a ocho años de cárcel por la Justicia, pero la ex presidenta panameña Mireya Moscosolo indultó poco antes de concluir su mandato en el 2004. Además, le confesó al New York Times en 1998 que fue el autor intelectual de atentados con bombas contra hoteles en La Habana, uno de los cuales mató a un turista italiano.