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Agentes del FBI y expertos en tecnología nuclear han instalado pequeños detectores para medir niveles de radiación nuclear en mezquitas, almacenes y domicilios privados de personas de origen musulmán. La mayoría de las personas investigadas son ciudadanos estadounidenses. El FBI no ha solicitado órdenes judiciales para esta investigación y amenazó con despedir a los agentes que cuestionaron su legalidad. Por otra parte, fuentes del gobierno de EE.UU. reconocen que la operación de escuchas sin orden judicial es mucho más extensa de lo que había trascendido.
Según reveló U.S. News and World Report, la operación para instalar detectores de radiación en mezquitas y lugares privados sólo era conocida por los altos mandos del FBI, que dirige Robert S. Mueller, y quienes la ordenaron desde el gobierno. Los agentes que instalaron los dispositivos acataron la orden; quienes dudaron de la legalidad de la operación fueron amenazados con el despido inmediato, lo que ha permitido preservar la confidencialidad desde que se puso en marcha hace cuatro años.
El semanario ha confirmado la información en fuentes gubernamentales y del FBI, aunque de manera siempre anónima. La operación ha permitido instalar más de cien detectores de radiación en Washington. Algunos están instalados en lugares públicos, como estacionamientos o mezquitas, pero muchos se han escondido en domicilios privados y oficinas de ciudadanos musulmanes. En los últimos años, la operación se ha ampliado a otras cinco ciudades: Nueva York, Seattle, Chicago, Detroit y Las Vegas. Los dispositivos permiten medir constantemente los niveles de radiación que emitiría una bomba sucia o algunos materiales empleados en la fabricación de un arma nuclear. La operación para instalar los aparatos (del tamaño de un teléfono móvil) contó con la asistencia del Equipo de Apoyo de Emergencia Nuclear del Departamento de Energía.
El FBI nunca pidió órdenes judiciales para entrar en terrenos privados, pero alega que esas órdenes no son necesarias si el lugar en el que se encuentra el dispositivo es accesible desde el exterior. Amparado con dudosa legalidad en esa estratagema, los agentes del FBI han instalado los aparatos en el exterior de los domicilios, pero en propiedad privada. Una fuente gubernamental asegura que entrar en la propiedad privada –en el jardín exterior, por ejemplo– sin entrar en el domicilio no requiere orden judicial. “Si un cartero puede entrar, nosotros también”, alegan.
El Consejo de Relaciones Islámico-Americanas cree que esta revelación es “perturbadora” y hace pensar que Estados Unidos es un país gobernado no por la ley sino por el miedo y con “dos sistemas judiciales distintos: uno para la mayoría de los ciudadanos y otro para los musulmanes, con sus derechos reducidos”. El director adjunto del FBI, John Miller, aseguró en otro comunicado que su agencia “no investiga a ningún grupo en particular por sus creencias religiosas o políticas o su origen étnico” y aseguró que su trabajo es investigar “amenazas a la seguridad pública, especialmente si tienen que ver con armas de destrucción masiva”.
Por otra parte, el diario The New York Times ha confirmado que la operación de escuchas sin orden judicial dictadas por el presidente George W. Bush es mucho más amplia de lo que inicialmente había trascendido. La ultrasecreta Agencia de Seguridad Nacional (NSA) no sólo ha interceptado llamadas con origen o destino fuera de EE.UU., sino que ha recopilado comunicaciones por Internet y registros de llamadas inmensos para buscar pautas sospechosas.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.