Estados Unidos ha endurecido su postura hacia la migración, en general, y hacia la mexicana, en particular, pretextando la necesidad de reforzar la seguridad de sus fronteras tras los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono, en Washington. El viernes pasado el Senado aprobó la construcción de 1800 torres de vigilancia de alta tecnología a todo o largo de los 3200 kilómetros de frontera con México, con un costo de 2000 millones de dólares. Actualmente existen más de 300 kilómetros de vallas metálicas en las principales ciudades fronterizas. Este otro muro “virtual” estará equipado con sensores de temperatura y movimientos, cámaras de video, más de 300 radares que pueden detectar a personas a una distancia de 14 kilómetros, además de la asistencia de aviones de vigilancia no tripulados.

Esta verdadera militarización fronteriza –que contará con tres mil agentes de migración adicionales a los seis mil ya desplegados sobre la frontera con México– fue la condición para aprobar una tibia reforma migratoria a finales de mayo, tal y como lo planteó el presidente George W. Bush poco antes de la votación en el Senado, mediante un mensaje de televisión dirigido a sus bases conservadoras: “Estados Unidos tiene que asegurar sus fronteras (...) Nuestro objetivo es claro: la frontera debe estar abierta para el comercio y la inmigración legal, y cerrada a inmigrantes ilegales, como también para criminales, narcotraficantes y terroristas”.

Todo esto ocurrió poco después de una cruzada de inmigrantes de origen latino en demanda de una legalización de residentes indocumentados que el 1º de mayo tomó las calles de más de 70 ciudades en 40 estados de esa nación. El grupo más significativo era de mexicanos. Y no es para menos. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, México es la nación con mayor índice de emigración en el mundo, al expulsar a casi 580 mil personas al año, muy por encima de China, India y Congo, que promedian 300 mil migrantes anuales. La población mexicana en Estados Unidos se ha multiplicado 14 veces en los últimos 30 años y suma ya alrededor de 12 millones de personas que, junto con su descendencia, alcanza ya la cifra de 28 millones viviendo en Estados Unidos, es decir, más del 10 por ciento de la población total estadounidense. México también es la nación con mayor flujo migratorio de paso.

Esto ha generado una oleada racista y antiinmigrante en todo Estados Unidos. Una encuesta en 47 estados reveló que 76% de inmigrantes legales consideran que los “sentimientos antiemigrantes” han aumentado en todo el país. El 70 por ciento manifiesta su oposición a los arrestos ilegales, las deportaciones y la imposición de sanciones a los empresarios que contraten a indocumentados. Además, 73 por ciento opina que los ilegales contribuyen a la economía estadounidense con salarios de bajo costo.

Un estudio del Pew Hispanic Research Center dice que los inmigrantes hispanos aportan más de 200 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense y trabajan en sectores donde normalmente falta mano de obra estadounidense, como la agricultura, la construcción y los servicios de jardinería y limpieza. Según una encuesta del Current Population Survey, de la Oficina del Censo, existen 136,6 millones de trabajadores en Estados Unidos. De ellos, 5,8 millones son mexicanos o de origen mexicano que se encuentran legalmente en Estados Unidos y representan 4,3% de la fuerza laboral de este país. Sin embargo, ganan 62 por ciento menos que el resto de la población. El año pasado, la Oficina de Seguridad Social reportó cerca de 375 mil millones de dólares por concepto de ingresos no reclamados en los últimos 20 años. La mayor parte corresponde a impuestos aportados por los trabajadores indocumentados.

Para México, la migración se ha convertido incluso en un paliativo al fracaso de la política económica del presidente Vicente Fox, que si bien controló férreamente las variables macroeconómicas, nunca se reflejó en el ingreso ni en la creación de empleos. Todos los días, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos envían remesas por 24,4 millones de dólares, según el Consejo Nacional de Población. El año pasado, el grueso de los inmigrantes enviaron 46 mil millones de dólares a toda Latinoamérica, cifra que podría llegar a 300 mil millones en 2010.

El panorama en los próximos años no promete mejoras, pues el presidente electo Felipe Calderón ha ofrecido continuidad a la política exterior del presidente Vicente Fox, particularmente en el tema migratorio, en el que parece imposible un acuerdo que dignifique a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y le reconozca sus derechos civiles, laborales y políticos en aquel país.