Entre las bondades del neoliberalismo argentino se destacan el abusivo endeudamiento externo, la desnacionalización de la economía, la desindustrialización y la privatización/destrucción de los activos estratégicos y económicamente viables del Estado. En suma, la enajenación del patrimonio nacional representó alrededor de 39 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil correspondieron a la privatización de YPF.

Hacia fines de 1999, el 37 por ciento de los argentinos sobrevivía por debajo de la línea de pobreza, con 30 por ciento de desocupados y subocupados sobre la población económicamente activa. La distribución regresiva del ingreso se acentuó durante aquella nefasta década: el 10 por ciento más rico de la población ganaba 24 veces el ingreso percibido por el 10 por ciento más pobre. Se había cumplido el proyecto político que Martínez de Hoz sintetizó en su célebre frase de 1977: “Construiremos un país para 15 millones de habitantes”. Transcurrido el aluvión menemista, los argentinos económicamente viables y humanamente dignos se redujeron a la cantidad anticipada por el hijo dilecto de la oligarquía argentina.

Por cierto, a quienes a comienzos de 1990 planificaban un país de esas dimensiones no les importó reconfigurar la matriz energética, extender el horizonte de reservas de hidrocarburos, ni continuar el plan de inversiones en infraestructura energética que venía ejecutando el Estado. La eliminación de unos 600 mil puestos de trabajo durante toda la década (Cedep-UBA), la total pauperización del mercado interno y del aparato productivo, sumadas a la atrofia social, viabilizaron para la Argentina desmantelada un modelo energético propio de un país bananero. Con lo invertido por las empresas energéticas estatales sobraba.

Así fue como se llega a la dramática situación actual de ser un país altamente dependiente de los hidrocarburos, ya que el petróleo y el gas natural representan el 90,3 por ciento de las necesidades energéticas. En materia de generación eléctrica, un 55 por ciento proviene de centrales termoeléctricas, abastecidas en un 92 por ciento con gas natural, sostenidas apenas por un horizonte de reservas de 8 años para ambos recursos.

Desde la privatización del sector efectuada en la gestión menemista, las compañías energéticas privadas no invirtieron en la construcción de gasoductos troncales para el mercado interno, ni en infraestructura de refinación, almacenamiento y transporte de petróleo, ni en la construcción de usinas eléctricas, menos aún en la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión. Para obtener mayores rendimientos y márgenes de ganancias, se limitaron a aumentar la potencia instalada del parque termoeléctrico mediante la conversión de turbinas de gas en ciclos combinados. Construyeron diez gasoductos de exportación, practicaron una extracción irracional de los yacimientos hidrocarburíferos, exportaron hidrocarburos y productos derivados a niveles similares a los de países miembro de la OPEP al mismo tiempo que realizaban despreciables esfuerzos exploratorios, cometían fraudes contables en las declaraciones juradas de reservas, extracción y exportación. Pese al vergonzoso cuadro descripto, ningún político, analista, abogado de consultoras o periodista bien informado hablaba entonces de crisis energética o de falta de previsión. Las razones del silencio fueron obvias: primero, detentaban el poder; y segundo, no había intención de aumentar la oferta energética porque el país modelado por Martínez de Hoz no lo necesitaba. Ahora, con las presidenciales encima, el oportunismo energético ilumina el escenario electoral.

Contrariamente a aquellos años dorados, muchos de los protagonistas de aquella época hablan hoy de crisis energética. Y razón no les falta: lo que sí está en crisis es el modelo energético neoliberal que ellos engendraron. La irremediable realidad de ser un país de casi 40 millones de argentinos los aterra. Pero el neoliberalismo argentino no retrocede: sumido en un mar de contradicciones empíricas, técnicas y políticas, propone la profundización de las mismas políticas energéticas recesivas de antaño. Incluso se llega al extremo de que integrantes del PRO se quejen de la merma en la recaudación fiscal por disminución de las exportaciones de petróleo y gas. Tanta angustia genera su desazón que, cortito y al pie, se les acerca una primera solución: si tanto les preocupa la captación de la renta petrolera por el Estado (un 36% de 8800 millones de dólares en el 2005 - Idicso), que planteen aumentar las regalías provinciales del 12 al 50 por ciento, adicionar un impuesto nacional a la explotación hidrocarburífera del 35 por ciento y derogar el decreto que autoriza a las empresas a liquidar en el exterior el 70 por ciento de las divisas percibidas por exportaciones.

Los paladines del menemato no pretenden abandonar el sistema energético relatado sino que buscan actualizarlo. Si el Gobierno aspira a concretar un proyecto nacional, no tendrá más remedio que extirparlo.

* Autor del libro Petróleo, Estado y Soberanía: hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos (Biblos, Mayo 2005). Conductor del programa televisivo Conciencia y Energía.