La explosión de seis bombas en los primeros minutos de ayer en la Ciudad de México y la desactivación de otras dos puso a la crisis en Oaxaca en el centro de las especulaciones en torno de la autoría del atentado que afectó a la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), a las oficinas nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a un banco comercial. Dos bombas más fueron desactivadas por la policía, la primera en la madrugada en otra sucursal bancaria y ya entrada la mañana se encontró un quinto artefacto en una concurrida calle del centro de la ciudad.

Una coordinadora de guerrillas se adjudicó los atentados anoche. Los cinco grupos que las componen ya habían actuado, demostrando su apoyo a los manifestantes que mantienen en jaque Oaxaca desde hace más de cinco meses. Antes de que se conociera este comunicado, el ex secretario de Seguridad Pública Federal Alejandro Gertz Manero (quien también fue jefe de la policía capitalina durante el primer gobierno de izquierda de la ciudad, que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas) ya había asegurado que la intención habría sido trasladar a la capital del país el conflicto oaxaqueño y ejercer presión sobre las autoridades. Pero para el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, esto tiene visos de ser una provocación para justificar una mayor represión contra los organismos sociales que integran la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que exigen la salida del gobernador priísta Ulises Ruiz. Por la mañana, la APPO se desligó de los atentados. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, consideró también que más que atentados, se trató de provocaciones, y aseguró que no debe vincularse al conflicto político y social que se vive en Oaxaca ni tampoco entenderse como un “mensaje” para el futuro presidente Felipe Calderón.

Por lo pronto, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación de los bombazos y junto con la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones realizaron una serie de operativos de seguridad apoyados por la policía capitalina en torno de la residencia oficial de Los Pinos, la oficina del presidente electo Felipe Calderón, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, así como las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña.

También se reforzaron las tareas de vigilancia en otras embajadas y en las estaciones de las once líneas del metro. Cerca de las 9 de la mañana, el edificio de la Cancillería fue desalojado totalmente ante una amenaza telefónica de bomba. Miles de trabajadores y centenares de diplomáticos mexicanos debieron esperar en la Alameda central mientras se revisaba el lugar. Otra llamada similar se recibió en la Torre Mayor, el edifico más alto de Latinoamérica, advirtiendo de la colocación de una bomba en el piso 47. Poco después, la policía detectó y desactivó una quinta bomba en las céntricas y concurridas calles de Insurgentes Norte y Amado Nervo, muy cerca de la sede del PRI. De haber estallado, pudo haber causado una tragedia, pues estaba compuesta por dos kilogramos de material explosivo y fragmentos de metal que se habrían esparcido como metralla.

Las explosiones que ocurrieron en los primeros minutos de ayer no causaron víctimas, pero provocaron destrozos en la parte trasera del edificio del Tepjf –que justo ayer se instaló con cinco nuevos magistrados– y en el interior del auditorio Plutarco Elías Calles, del PRI, lo que implicaría que el o los responsables tuvieron acceso a las instalaciones de ese partido político, ubicadas en el centro de la Ciudad de México. Varias casas en los alrededores de estos lugares resultaron dañadas por la onda expansiva. La fachada de un banco quedó totalmente destruida por otra bomba, mientras que se evitó la explosión de otros dos artefactos en otra sucursal bancaria y en un crucero del centro de la ciudad. Ahí se encontraron carteles que advertían “Peligro, bomba”, pero ningún otro elemento que reivindicara la autoría de las explosiones. A diferencia de otros atentados similares ocurridos anteriormente en la Ciudad de México, y que se realizaron con artefactos explosivos de manufactura casera, en esta ocasión fueron provocados por bombas aparentemente más complejas. De acuerdo con un perito de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, las bombas fueron elaboradas con un explosivo conocido como anfo, así como hidrogel, como elemento secundario para su explosión, y estaban conectados a pilas de 9 voltios y relojes digitales. La policía capitalina reportó haber recibido dos llamadas de advertencia, una a la 0.08 hora y otra a las 0.22; la primera explosión ocurrió ocho minutos después de la última llamada.

Tanto el presidente Vicente Fox como el presidente electo Felipe Calderón condenaron los atentados, mientras que la Secretaría de Gobernación –-responsable de la seguridad nacional– calificó los hechos como “absolutamente despreciables”. La presidencia de la República dijo que los atentados no ponen en riesgo la paz y estabilidad de todo el país y alegó que en todas las grandes ciudades del mundo “suelen ocurrir este tipo de acciones, que son condenables”.