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Quizá todo el proceso estaba destinado a fracasar desde sus inicios. El 7 de enero de 1999, con una inmensa bandera colombiana de 30 metros detrás, el entonces flamante presidente colombiano Andrés Pastrana se sentó en San Vicente del Caguán, una localidad del sur colombiano, para la foto histórica con el jefe de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Manuel “Tirofijo” Marulanda. Ambos comenzarían el tercer, y más sólido, proceso de paz entre un gobierno colombiano y la ahora principal guerrilla del país en 17 años. Pero “Tirofijo” nunca llegó, alegando razones de seguridad. La foto histórica mostró a Pastrana mirando hacia la silla vacía. A tres años de aquel día, a casi cuatro del gobierno mismo de Pastrana, el proceso de paz está por levantarse definitivamente si las fuerzas militares colombianas deciden entrar en la zona desmilitarizada en poder de las FARC. Mucho pasó desde entonces: crisis de gobierno, crecimiento de paramilitares, multiplicación exponencial de las bajas civiles, reorganización de las Fuerzas Armadas y el famoso Plan Colombia con el que Estados Unidos apoya la nueva etapa de lucha antiguerrillera. Si el proceso de paz termina mañana, Colombia se parecerá mucho a una mezcla de Kosovo, Líbano y Afganistán. Si es que no se parece ya.
“Sería un milagro si en estas horas se salva el proceso de paz. En ese caso, deberemos hacer un santuario para la ONU”, dijo a Página/12 Antonio Navarro Wolf, ex líder del movimiento guerrillero M-19, ya convertido en partido político, y una de las figuras más consultadas a la hora de descifrar un proceso de difícil solución. Navarro Wolf aludía a la gestión con aspecto de última oportunidad que inició el jueves James LeMoyne, enviado de la ONU para Colombia, ante la certeza de que el plazo de 48 horas que el gobierno colombiano le dio a las FARC para que abandonen la zona desmilitarizada ya comenzó a correr. Desde cuándo, hasta cuándo y cuántas veces se puede prorrogar son cuestiones ahora de vida o muerte. ¿Vida o muerte de qué?
La primera negociación seria con las FARC fue en 1984, cuando el presidente era el conservador Belisario Betancur. Además de las FARC, operaban en ese momento guerrillas que eran mucho más numerosas e importantes: el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el M-19. Al año siguiente, las conversaciones en todos los frentes fracasaron. En 1990, durante el gobierno del liberal Virgilio Barco, el EPL y el M-19 entregaron las armas y se incorporaron a una Asamblea Constituyente que reformó la Carta Magna colombiana y los insertó en el sistema político, donde hoy se hallan diluidos. Un año después, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se reunieron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar e iniciaron negociaciones con el gobierno de César Gaviria.
Las conversaciones fracasaron, y no costaba adivinar por qué: en aquellos tiempos, los carteles de Medellín y Cali estaban siendo desarticulados y los cultivos de coca y amapola comenzaron a concentrarse en el sur del país, donde las FARC eran cada vez más fuertes. Ahí fue donde se transformaron en una guerrilla de grandes proporciones. Cobrando un impuesto para protección de los cultivos (el llamado “gramaje”), las FARC adquirieron nuevo armamento y le disputaron seriamente al ejército colombiano el reclutamiento de efectivos; sencillamente, ofrecían más plata. El ELN quedó ubicado en la zona del Magdalena Medio (donde está Medellín) y en el norte del país. El gobierno de Ernesto Samper (19941998) pasó con más pena que gloria. EE.UU. y las FARC lo acusaban de narcotraficante, ya que fue financiado por lo que quedaba de los carteles.
Pastrana ganó los comicios del ‘98 con holgura. Antes de asumir, se sacó la foto con “Tirofijo”. Era histórico, porque en aquel entonces el actual presidente parecía tener una firme estrategia para sentarse a negociar. El 7 de noviembre se inició un verdadero experimento en materia de procesos de paz con guerrillas: le cedió un territorio de 42.000 km2 a las FARC, como “zona de distensión”. La ilusión duró poco, porque al año siguiente el ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, renunció mientras las FuerzasArmadas le hacían un serio planteo a Pastrana, porque las FARC estaban usando la zona de distensión como territorio propio para una expansión militar. Por otra parte, la agenda de 12 puntos a negociar contenía cuestiones, como el no pago de la deuda externa, reforma agraria y fuertes medidas de redistribución, que parecían inalcanzables para un gobierno vigilado por EE.UU.
Precisamente, por la vía del narcotráfico, Washington comenzó a ejercer presión sobre Pastrana. No se estaba negociando nada serio y los narcocultivos se multiplicaban. Las FARC siempre respondieron a esta acusación diciendo que la agenda incluía, justamente, un mecanismo de sustitución de cultivos para que los cocaleros y amapoleros no murieran de hambre. A fines de junio del 2000, el proceso comenzó su quiebre final: el Congreso norteamericano aprobó la financiación del Plan Colombia, presentado por Pastrana. El plan antinarcóticos pretende cambiar el eje de la economía colombiana con 7000 millones de dólares. Los 1300 que aporta Estados Unidos están dedicados a algo concreto: ayuda militar. Y Pastrana pasó de capear temporales de presiones a decir que “estamos negociando, y la forma es preparándonos para la guerra”.
Las FARC respondieron con olas de atentados, secuestros masivos y operaciones iniciadas desde la zona desmilitarizada. A falta de cambiar la economía de Colombia, la ayuda norteamericana comenzó a cambiar la capacidad operativa de unas Fuerzas Armadas en situación de empate militar con las FARC. Instaló dos batallones cerca de la zona desmilitarizada, donde unos 3000 efectivos deben salir instruidos en lucha antiguerrillera por fuerzas especiales norteamericanas, y está entregando por tandas 16 helicópteros de combate Blackhawk y 30 helicópteros UH-1H Huey. El ejército colombiano ya elevó el número de sus soldados profesionales de 20.000 a 50.000. Los paramilitares duplicaron sus efectivos y ampliaron su accionar (son cerca de 10.000). Mientras se preparaba esta infraestructura, comenzaron las fumigaciones de cultivos, que provocaron serias polémicas porque no había ningún mecanismo de sustitución de trabajo para quienes perdían sus plantaciones.
El año que acabó de terminar selló la suerte del proceso. Si el modelo era negociar bajo fuego, el fuego fue tanto que dejó las negociaciones bajo eclipse. Las FARC comenzaron a amenazar con iniciar operaciones de “guerrilla urbana”, mientras las guarniciones del ejército en los alrededores de la zona desmilitarizada seguían siendo atacadas. Precisamente, uno de los puntos que no permitían avanzar a las periódicas reuniones entre el gobierno y las FARC, desde 1999, era la negativa guerrillera a que observadores internacionales verifiquen las actividades de la zona de despeje.
En agosto del 2001 se descubrieron agentes del IRA asesorando dentro de esta zona a efectivos de las FARC en atentados urbanos, como coches bombas. Simultáneamente, el gobierno les daba a las Fuerzas Militares facultades judiciales extraordinarias para “zonas de guerra”. Las Fuerzas Armadas comenzaron a clamar victoria cuando acorralaron, según ellos, a una de 1500 guerrilleros que iban de la zona de despeje a la frontera con Venezuela. Si las cosas se estaban definiendo, el 11 de septiembre terminó de barajar las cosas. Estados Unidos bajó el pulgar y el 7 de octubre el gobierno se levantó de la enésima negociación: o las FARC permitían el cerco militar a la famosa zona, o nada.
La nada se extendió hasta ahora, cuando la misma cuestión llevó al gobierno a declarar que las FARC habían terminado el proceso de paz. Tres años para nada. Pero para Augusto Ramírez Ocampo, ex canciller y negociador con las FARC, el proceso en realidad no terminó. En diálogo con este diario, Ramírez Ocampo dijo que “las FARC tienen que meditar sobre lo que han hecho. El proceso de paz les dio status político ante la comunidad internacional, y la situación no es la misma que antes del 11 de septiembre. Ya perdieron la batalla de la opinión pública con susatentados, no pueden ganar la simpatía de nadie, y si se sale del proceso de paz van a ser equiparables a una guerrilla más a combatir”.
Quizá la situación se explique por el empate militar que dio inicio al proceso. Pero Ramírez Ocampo y Navarro Wolf coinciden en que el crecimiento armado se dio más de un lado que del otro. “Creo que las FARC se quedaron mirando su propio crecimiento, sin darse cuenta de que ahora las Fuerzas Armadas colombianas son mucho más potentes”, dice Navarro Wolf. “Si las FARC escalan la ofensiva, llevarán los atentados a las ciudades y a la infraestructura: rutas, torres de energía, oleoductos, como hace el ELN. Esto los equiparará a otras guerrillas, siendo que lo diferencial de las FARC era el control territorial. Y esta estrategia no las llevará precisamente al éxito.”
En cualquier caso, si remotamente puede volver a renacer el proceso, no será en las mismas condiciones. En primer lugar, porque efectivamente la zona desmilitarizada será anulada o reducida como punto basal de las negociaciones. En segundo lugar, porque Colombia tendrá elecciones presidenciales en mayo (que las FARC, según ambos analistas, intentarán sabotear, como lo hicieron en el pasado) y Pastrana no tiene margen para tomar nuevamente la iniciativa política. Y en tercer lugar, porque es muy probable que el modelo ya no sea negociar mientras se combate, sino avanzar en una tregua para el reinicio de las conversaciones, algo de perspectiva incierta.
“Aquí uno de los problemas centrales fue la falta de mediación real. Si las dos partes no ceden porque están en situación de empate, hay tres posibilidades: reducen los ataques a cero, los multiplican al máximo o esperan a que se destrabe desde afuera, en una instancia de mediación. La primera opción nunca existió, y siempre se aplicó la segunda por falta de la tercera”, razona Navarro Wolf. “Queda, al menos, la esperanza de que el proceso de paz con el ELN continúa y no parece afectado por esta crisis”, se esperanza Ramírez Ocampo.
Ahora todo está en manos de la ONU, que nunca cumplió rol significativo alguno en el conflicto colombiano. Quizás haya llegado la hora de la mediación, aunque sea desesperada. Si finalmente no llega, dice Ramírez Ocampo, “tendremos una guerra más civil y menos militar que nunca y seguirá muriendo más gente aquí que en Kosovo o Afganistán”.