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El presidente norteamericano George W. Bush anunció ayer con bombos y platillos que firmó la ley que cuadruplica los castigos para los ejecutivos que cometan fraudes de contabilidad. Quizás eso pueda apaciguar las cosas sobre los trapos sucios del pasado (incluido el del propio presidente), pero en el contexto de una economía cada vez más en recesión y con espasmos de pánico bursátil, parece poco. Ayer el grupo privado de análisis Conference Board publicó su índice de confianza del consumidor, uno de los medidores más observados de la economía norteamericana, e indicó que cayó 9,2 por ciento respecto de junio hasta 97,1, su mínimo desde febrero. Lo más preocupante para Bush es sin embargo su declive de popula-ridad, que a cuatro meses de cruciales elecciones legislativas cayó del 75 al 66 por ciento.
El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York cayó un 0,37 por ciento. El Nasdaq, que mide los valores de las empresas de alta tecnología, subió un 0,67 por ciento, y el índice Standard & Poor’s 500 subió un 0,43 por ciento. Anteayer, todos los índices se habían disparado al alza, con una suba promedio de alrededor del cinco por ciento, y algunos analistas estiman que de no haberse sabido las cifras del índice de confianza del consumidor, la suba hubiera continuado. La Casa Blanca dijo que consideraba la caída de este índice como “preocupante”, pero reiteró lo que viene diciendo desde el comienzo del derrumbe bursátil: que los fundamentos económicos del país son sólidos. Claro que este índice es uno de los medidores de la profundidad de la recesión de la economía norteamericana. Esto es, que si la administración Bush querría pensar que el pánico bursátil no tiene que ver con la “economía real” de Estados Unidos, la realidad es que el crecimiento del desempleo y los anuncios, hace dos semanas, de las empresas más importantes de sus grandes pérdidas la primera mitad del año, no hablan apenas de unos locos desaforados en Wall Street.
Algunos analistas advirtieron que no se debe reaccionar con exageración a esas cifras, puesto que es común que la percepción del consumidor se debilite en las primeras etapas de una recuperación y que lo importante es lo que hacen los consumidores, no lo que dicen. Ellos afirman que la economía superó la recesión a fines del 2001 y comienzos del 2002. Pero el índice que dio a conocer The Conference Board reflejó que incluso a pesar de que la economía se recupera, los estadounidenses todavía tienen problemas para encontrar puestos de trabajo, el factor más importante que pesa sobre la confianza.
Mientras tanto, Bush, que al igual que su vicepresidente Dick Cheney, están seriamente sospechados de haber hecho, como empresarios, los mismos fraudes que ahora quieren sancionar, firmó la ley que fuera redactada, en gran parte, por el senador demócrata Paul Sarbanes. La ley está diseñada para dificultar que los ejecutivos empresariales engañen a los inversionistas. La norma es mucho más severa que las medidas propuestas antes por Bush. “No más dinero fácil para los criminales corporativos. Sólo tiempos duros”, prometió el presidente norteamericano.
La legislación crea una nueva junta de supervisión para el sector de las firmas de contabilidad, que hasta ahora sólo estaba regulado casi por completo por sí mismo, y que estuvo involucrado en algunos de los casos más graves de la reciente serie de escándalos como los de Enron y WorldCom. A su vez, cuadruplica el tiempo máximo de cárcel para los ejecutivos que cometan fraude postal o electrónico, a 20 años. Estos tipos de fraude suelen ser comunes en los casos de fraude empresarial. La ley establece además una nueva figura penal de fraude de valores, con una sentencia máxima de 25 años, y aumenta el financiamiento para la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), que regula al sector privado. “Después del 11 de setiembre nos rehusamos a permitir que el miedo socave nuestra economía, y tampoco permitiremos que el fraude la socave”, dijo Bush. “Hacer que un inversor asuma un riesgo por engaño, es robo, con otro nombre”, completó.