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La guerra total acaba de empezar en Colombia. Luego de los bombazos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que estallaron cerca del palacio presidencial de Nariño durante la misma asunción del nuevo presidente Alvaro Uribe, y de una serie de enfrentamientos que mató a más de 100 personas desde aquel día, el nuevo gobierno decretó el “estado de conmoción interna” por 90 días, luego de anunciar, la semana pasada, la creación de la red de informantes civiles del Ejército. La medida permitirá al Ejecutivo declarar el toque de queda, restringir algunas libertades civiles y, sobre todo, crear un impuesto de guerra para financiar el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el entrenamiento de los informantes. Políticos y empresarios colombianos celebraron la decisión de Uribe, mientras las FARC dijeron vía Internet que “sólo echará más nafta al fuego”. El subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado norteamericano, Otto Reich, respaldó el anuncio. También renunció el jefe de la Policía colombiana, Luis Ernesto Gilibert, luego de las sospechas por la desaparición de dos millones de dólares de ayuda norteamericana.
“La propuesta del gobierno marca un hito en la historia del país, pues por primera vez Colombia contará con una fuerza de militares y de policías de apoyo que entrará a operar de la mano de una red de informantes”, según explicó ayer la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez. La funcionaria destacó que se entrenará a unos 10.000 soldados y policías “de apoyo” y que se instalarán dos brigadas móviles del Ejército, con unos 3000 soldados cada una, además de aumentar en 100.000 el número de efectivos auxiliares de la Policía. Las medidas fueron anunciadas al término de un consejo ministerial que se extendió por varias horas y que trató sobre los enfrentamientos del fin de semana y los ataques de las FARC a la asunción de Uribe, que dejó 19 muertos y más de 60 heridos en el centro de Bogotá, a metros del palacio presidencial.
Todo el despliegue anunciado por Ramírez está sostenido en el llamado “impuesto al patrimonio”. Este impuesto figura en la Constitución de 1991 para el caso de la figura de conmoción interior, en reemplazo de la de estado de sitio. Uribe ahora la puso en práctica, y el gobierno supone que se recaudará alrededor de 800 millones de dólares para el financiamiento del “esfuerzo de guerra”. El llamado “impuesto al patrimonio” será del 1,2 por ciento y recaerá en todos aquellos que declaren un patrimonio de más de 60.000 dólares. Se hará efectivo por una sola vez y a partir de octubre, señaló el ministro de Hacienda, Roberto Junguito, quien justificó la decisión señalando que éste será el aporte “de los más pudientes a la seguridad democrática”.
La decisión de Uribe tuvo el apoyo de gran parte de los políticos y empresarios colombianos, incluso de los que más se le opusieron en la campaña. “Coincido con el gobierno en que existe una situación sumamente grave en relación con el orden público. El caso de los alcaldes amenazados por la guerrilla, el ataque a la casa presidencial, los ataques terroristas del pasado 7 de agosto ilustran la gravedad de ello”, declaró el ex candidato presidencial Horacio Serpa, que en su momento había acusado a Uribe de estar apoyado por los paramilitares. El ex candidato de la izquierda Luis Eduardo Garzón, aunque advirtió que se deben respetar los derechos humanos, dijo comprender las razones de la decisión del presidente. “Estamos de acuerdo en la decisión de Uribe, aun si ello nos implica un gran esfuerzo”, declaró el portavoz del Consejo Gremial (el gremio de los empresarios), Luis Carlos Villegas, en alusión al “impuesto al patrimonio”. “Nosotros respaldamos al presidente Uribe y estamos dispuesto a acompañarlo en lo que sea necesario”, señaló el presidente de esa entidad, Sabas Pretelt.
Fueron las FARC, a través de la agencia de noticias en Internet Nueva Colombia (Anncol), quienes criticaron la medida. “Colombia amanece encarcelada por la nueva medida del gobierno de Uribe: la conmoción interior. Es ponerle más combustible al conflicto político, social yarmado que padece el pueblo colombiano”, señaló el sitio, y añadió que “se está configurando a toda máquina un Estado fascista que le garantice a la oligarquía continuar gobernando sin las incomodidades del movimiento popular en sus más variadas expresiones”.
La medida de emergencia regirá los próximos 90 días, al término de los cuales el Ejecutivo podrá ampliar su vigencia por dos períodos similares, con el acuerdo del Congreso. Según la Constitución, durante la vigencia de la medida, el gobierno no podrá censurar a la prensa ni disolver el Congreso u otro órgano del poder público, ni tampoco se podrá juzgar a civiles en tribunales militares.