Desde ahora los policías y militares peruanos quedan con las manos libres para disparar y matar “en cumplimiento de su deber” sin tener que dar explicaciones a nadie. Una nueva ley los exonera por adelantado de cualquier proceso por causar la muerte de algún ciudadano. Bastará que aleguen que estaban en funciones para quedar libres de una investigación. Acosado por una ola de huelgas y levantamientos sociales, que las dos últimas semanas paralizaron buena parte del país y dejaron cuatro muertos y cerca de 300 detenidos, el gobierno de Alan García ha redoblado su apuesta por el endurecimiento de la represión como respuesta al descontento popular. Haciendo uso de las facultades legislativas que le delegó el Congreso, con los votos del fujimorismo y la derecha, el Ejecutivo ha respondido a las protestas dictando nuevas leyes que otorgan amplios poderes represores a las fuerzas de seguridad y restringen severamente el derecho de huelga.

Lo ha hecho el mismo día que llegaban a Lima más de tres mil pobladores de la región andina de Ayacucho, luego de una larga marcha de varios días y casi 600 kilómetros, demandando, entre otras cosas, mayor atención a los sectores salud y educación. Además de darles carta blanca a la policía y a las fuerzas armadas para disparar sin tener que responder por las muertes que puedan ocasionar, la draconiana legislación dictada por el gobierno sanciona con la destitución del cargo y una inhabilitación de cinco años a las autoridades, como presidentes regionales o alcaldes, que apoyen alguna huelga, y establece penas de hasta 35 años de prisión para los dirigentes que promuevan o encabecen protestas sociales que deriven en acciones de violencia. Las nuevas leyes también amplían las facultades de la policía para hacer detenciones sin necesidad de una orden judicial.

Los gobernadores han tenido un papel protagónico en las recientes protestas sociales contra el gobierno central, muchas de las cuales estaban motivadas por demandas y reivindicaciones locales. Pero con las nuevas leyes, las autoridades locales que apoyen alguna huelga de su región serán acusadas nada menos que de “extorsión” y destituidas del cargo e inhabilitadas por cinco años para ejercer cualquier función pública. Para justificar esta medida legal, el gobierno hace una insólita interpretación de lo que es una huelga, comparándola con una “extorsión que busca un beneficio económico indebido”. “Las autoridades, como son los presidentes regionales y los alcaldes, no tienen derecho a hacer huelga, porque ellos son parte del Estado y el Estado no puede estar contra el Estado”, es el argumento esgrimido por el primer ministro, Jorge Del Castillo, que se amparó en la Constitución fujimorista de 1993 para justificar la cuestionada ley. “Aquí hay que imponer el orden y el principio de autoridad, porque de lo contrario esto se convierte en un caos”, señaló el primer ministro cuando debió justificar los amplios poderes dados a las fuerzas de seguridad. Del Castillo incluso criminalizó las huelgas y las protestas contra el gobierno: “El país está creciendo económicamente. Es un crimen de lesa patria que se pongan piedras para que el país no progrese”, dijo.

“Aquí hay que poner mano dura, eso es lo que quiere el pueblo”, había advertido hace unos días el presidente García, en un tono amenazante que comienza a tomar forma con esta nueva legislación. Durante las últimas protestas, el gobierno ordenó la intervención de las fuerzas armadas y la detención de los principales dirigentes de los sindicatos en huelga. Fue sólo una advertencia. Ahora el gobierno le ha dado cobertura legal a su política de “mano dura” y ha abierto las puertas a una represión aún más dura. “Estas leyes son muy preocupantes. Se pueden interpretar como una invitación a las fuerzas de seguridad para que usen sus armas. Ni (el ex presidente) Alberto Fujimori dictó leyes tan duras y peligrosas”, señala el abogado penalista Mario Amoretti. Por su parte, Juvenal Ordóñez, presidente de la región Tacna, en la frontera con Chile, calificó las leyes dadas por el gobierno como “un anuncio inequívoco de la represión que pretende implementar el gobierno, lo que lo acerca más a ser un gobierno totalitario”.