La mesa de diálogo para resolver la medida inconsulta del subsecretario de Areas Protegidas porteño, Javier García Elorrio, tendrá como convocados a las partes interesadas, que no necesariamente son las que se cree que son, ni tampoco necesariamente tienen los intereses que erróneamente se supone que tienen. Por empezar, las representantes de las travestis aseguraron que su planteo no pasa por la permanencia en el Rosedal sino por las posibilidades que el Estado les da de desarrollo, vivienda, salud y trabajo a quienes antes expulsa de su seno. María José Lubertino, titular del Inadi, organismo también invitado a participar de la mesa, sostiene que “las travestis también son vecinas que hay que respetar, no están infringiendo la ley” y agregó que en la mesa “se deberá analizar qué posibilidades da la ciudad a las personas que tienen una identidad distinta”. En la convocatoria deberían figurar asociaciones vecinales, pero éstas no confrontaron con las travestis. “El problema no se resuelve con la expulsión decidida desde el escritorio de un funcionario sino reuniéndose”, dijo Osvaldo Guerrica Echevarría, de la Asociación Amigos del Lago.

“En la mesa de diálogo vamos a proponer que el Estado escuche nuestras demandas concretas”, sostuvo Lohana Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt). Y cuáles son esas demandas concretas. “Que reconozca nuestro derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, que no use el propio Estado estos debates hechos para la televisión, que no estigmatice. Es una forma absolutamente violenta, nos desconoce como ciudadanas, y nos trata como si fuéramos la peor escoria.” Lohana recordó que la Constitución porteña establece la no discriminación y que una persona no sea molestada por su apariencia.

“El problema no es si nos vamos o nos quedamos. Si el gobierno no puede reglamentar ni prohibir la prostitución, por qué vamos a aceptar que nos ordene algo que no está fuera de la ley. Qué funcionario nos preguntó si lo que queremos nosotras es prostituirnos. Nunca pedimos la prostitución como un trabajo. Primero nos tienen que tener en cuenta como sujetos. Cuando hablamos del derecho a la salud no es que pedimos que nos atiendan en uno de esos hospitales que se caen a pedazos, sino que los médicos de esos hospitales, cuando nos llaman, lo hagan por nuestros nombres de identidad y no por los que figuran en el documento.”

Coincidió María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt): “Muchas me dijeron ‘prefiero morirme de dolor en mi casa a que que me humillen en el hospital’”. Rachid citó un estudio que hizo la ex ombudsman porteña Diana Maffía, cuando determinó que las travestis “son expulsadas de sus casas a la edad promedio de 12 años, y tienen un promedio de vida de 35 años, por efectos del vih-sida, del maltrato en los hospitales, por la marginación, por la exclusión. Si Mirtha Legrand puede firmar como Mirta Legrand sin llamarse Mirtha Legrand, porqué ellas no pueden hacerlo”. “Si la primera medida fue poner un límite a la medida represiva –sostuvo Bruno Bimbi, vocero de la Falgbt–, la solución de fondo no pasa por prohibir la prostitución sino porque primero el gobierno haga un censo, sepa cuál es su historia de vida, en qué querrían trabajar, y a partir de ahí ver qué programa de inclusión social van a poner en marcha.”

Guerrica Echevarría, de la Asociación Amigos del Lago, aseguró que “el problema del Rosedal no se puede apartar del conjunto de problemas del parque Tres de Febrero, pero expulsando a las travestis no se soluciona nada. Hay que reunirse con ellas a conversar qué es lo que necesitan”.

El Inadi también será convocado a la mesa. Su titular, María José Lubertino, también coincide en que “vecinas también son las personas trans, y la Constitución las protege como a cualquier vecino. La cuestión de fondo es ver qué posibilidades tiene esta ciudad rica para generar emprendimientos para personas que quieran tener otro tipo de trabajo, en lugar de estigmatizarlas.”