Un reclamo educativo terminó con un muerto ayer en Bolivia. Lo que parecía una simple demanda local en un pequeño pueblo de Cochabamba terminó en una cruenta represión que dejó además dos heridos. Alrededor de 800 vecinos de Arani habían tomado el oleoducto que pasa por allí para exigirle al gobierno de Evo Morales que traslade una escuela de profesores de la localidad vecina de Vaca a la suya. Frente a la negativa del Ministerio de Educación nacional, La Paz envió a la policía y al ejército para recuperar el ducto, que transportaba el crudo a una de las principales plantas de refinamiento y producción de nafta del país.

Los enfrentamientos comenzaron cuando las fuerzas de seguridad nacionales intentaron recuperar el control del oleoducto. “Hay varios estudiantes heridos por choques con la policía; los hemos visto caer”, denunciaron a periodistas locales los manifestantes, quienes aseguraron que los heridos podrían ser más de los que decía el gobierno. Según contaron, muchos de los que protestaban comenzaron a tirar piedras contra los cerca de 350 policías y militares, quienes contestaron con bombas lacrimógenas y, según las autoridades, balines. Sin embargo, el joven muerto y por lo menos dos de los heridos tienen impactos de balas de plomo en sus cuerpos.

La situación explotó después de que el Ministerio de Educación nacional faltara a todas las citas planteadas por los vecinos de Arani. “Hemos pedido diálogo con el gobierno, pero el gobierno no ha venido a dialogar y ahora tenemos esto que ha sucedido”, explicó el dirigente civil Ramiro Arispe. El gobierno nacional, anoche, prefirió no hacer comentarios.

A pesar que la represión en Arani seguramente ayudará a perjudicar la imagen política del gobierno de Evo, el líder indigenista estaba anoche más preocupado por su incapacidad de reactivar la Asamblea Constituyente. El gobierno sufrió un nuevo revés al cancelarse una reunión con la oposición por falta de consenso. El oficialismo no logra encontrar una fórmula para contentar a La Paz –su bastión– y a Sucre –el nuevo estandarte de la oposición– en sus reclamos por erigirse como la capital única del país.

La semana pasada el oficialismo, sus aliados y el principal partido de la oposición, Podemos, habían conseguido llegar a un acuerdo sobre la necesidad de reanudar las sesiones de la Constituyente –que se encuentra temporalmente suspendida– y crear un comité de seguimiento por fuera para evitar una nueva parálisis. Sin embargo, la única razón por la que pudieron alcanzar ese acuerdo fue porque el tema de la capital no se tocó. Agregando al inmovilismo actual, constituyentes del oficialismo advirtieron esta semana que no acatarán el reciente fallo de la Justicia que los obliga a volver a incluir en la agenda de la Asamblea la discusión de la sede de la capital nacional y los tres poderes.