Mié 05.03.2008

EL MUNDO • SUBNOTA  › OPINION

Defender la paz

› Por Gabriel Puricelli *

La decisión del presidente Alvaro Uribe de dinamitar los puentes que puedan conducir a una (inevitablemente trabajosa) solución política al conflicto armado interno en Colombia, encontró en la respuesta de su par de Ecuador, Rafael Correa, la respuesta exacta en términos de firmeza y de claridad para no dejarse arrastrar hacia una lógica de guerra. El ingreso de tropas colombianas en territorio ecuatoriano rompe con doce años de paz regional en los que ningún Estado había disparado contra un vecino y apunta al corazón del logro sudamericano más preciado en un mundo plagado de conflictos. Correa empleó con agilidad y decisión los mecanismos diplomáticos, dando amplio margen para el involucramiento inmediato de sus colegas de la región, desde Michelle Bachelet hasta Lula, y de los cancilleres y funcionarios de organizaciones multilaterales, de Jorge Taiana a José Miguel Insulza, para una rápida détente y una solución dentro del marco de la diplomacia regional.

Nada hay por ganar sumándose a la lógica infernal de guerra que sugieren los asesores estadounidenses del Plan Colombia. El conflicto colombiano mismo es prueba definitiva del fracaso de la Ley del Talión: no habrá paz si no se remueven las condiciones políticas y sociales que hicieron posibles a las FARC y no hay retorno a la estabilidad regional si la mayoría de los gobiernos sudamericanos no dejan establecido con claridad lo inaceptable de la injerencia extranjera bajo pretexto de la “guerra contra las drogas” y se remueven las condiciones que han permitido a la “parapolítica” hacerse del control del actual gobierno en Bogotá. La región debe ser unánime en su esfuerzo por sacar el conflicto colombiano del contexto de una guerra ajena y nadie debe dejarse tentar por reemplazar las razones por balas.

La propia Colombia, en la que se consolida la izquierda legal del Polo Democrático Alternativo como principal oposición a la derecha parapolítica uribista, está generando las condiciones para alcanzar en el mediano plazo una desmovilización, al menos, de los que siguen en la selva por razones argumentables políticamente. Poner el reloj a correr hacia atrás aceptando la provocación, sería destruir esas condiciones nacientes y demoler aquellas que hicieron posible una década larga de convivencia interestatal pacífica. No puede haber lugar a equívocos en esto: del mismo modo en que el senador colombiano Gustavo Petro, veterano del M-19, reclama desterrar la combinación de formas legales e ilegales de lucha a las fuerzas políticas y sociales dentro de su país, es necesario que los Estados sudamericanos descarten de plano otra vía que no sea la resolución pacífica de esta controversia. El otro camino es el inaceptable y suicida que ha tomado Uribe.

- Co-coordinador, Programa de Política Internacional, Laboratorio de Políticas Públicas.

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