Más allá del resultado, el referendo ha intensificado la crisis de identidad que vive el Reino Unido. En los últimos dos años la fuerza política que más ha crecido es el furiosamente antieuropeísta Partido de la Independencia de Nigel Farrage, convertido en virtual tercera fuerza política a nivel nacional. Los independentistas quieren que el Reino Unido se separe de la Unión Europea. Con esa demanda, apoyada por muchos euroescépticos conservadores, forzaron a Cameron a prometer un referéndum en 2017 si gana las elecciones en mayo próximo.

Mientras tanto, las concesiones a los escoceses –sobornos, según los nacionalistas– han puesto en pie de guerra a muchos ingleses que quieren un nivel similar de autonomía o que objetan que el gobierno se haya comprometido a hacerlo sin consultar al parlamento. El tema está en el aire desde que el diputado de la izquierda laborista, Tam Daylell, formulara en 1977 la famosa “west Lothian question”: ¿por qué un diputado de West Lothian (distrito escocés) puede votar sobre lo que pasa en Inglaterra mientras que un diputado inglés no puede votar sobre lo que pasa en West Lothian?

Un frente interno conservador, liderado por lord Kenneth Baker, ex ministro de Educación y el diputado John Redwood, ex ministro de Gales, están exigiendo que se les recorte a los diputados escoceses el derecho a votar en el parlamento en algunas leyes. La propuesta sería una solución para la “west Lothian question”, pero crearía un parlamento fragmentado en distintos estratos que frizaría la inconstitucionalidad.