En la casa de su madre el piso era de tierra. Dormían apiñados en el suelo, sobre cartones. Quienes lo conocieron recuerdan que se desvelaba por los más pobres. Julio César Fuentes Mondragón fue una de las víctimas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. En la madrugada del 27 de septiembre se lo devoró un México con resaca, que camina a los tumbos, borracho de violencia. Ariel Dulitzky conversa con Página/12 vía Skype desde su oficina en la Universidad de Texas, donde enseña derecho. El presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas reconstruye el viaje relámpago que realizó al Distrito Federal para reunirse con funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, abogados, ONG de derechos humanos, familiares y compañeros de los chicos desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero.

El especialista argentino afirma que su grupo lleva asentados 359 casos de desapariciones forzadas pendientes de resolución en el país azteca. “Siempre decimos que el número que tenemos registrado es sólo la punta del iceberg y no representa el total de casos existentes en México ni en ningún otro país”, advierte. ¿Cuál es el escenario de México en materia de desapariciones forzadas? El jurista señala que defensores de derechos humanos, activistas sociales, periodistas y migrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos están entre los sectores identificados como vulnerables en materia de desapariciones. Ejército, marina, policía federal, fuerzas que trabajan con el Instituto Nacional de Migración, policías estatales y municipales son objeto de denuncias.

–Hubo observaciones y comentarios de algunas autoridades que dijeron que los estudiantes tendrían relación con Los Rojos, uno de los grupos del crimen organizado que, precisamente, era opositor a Guerreros Unidos, sector acusado de la desaparición forzada de los estudiantes. Lo que es cierto es que el fiscal fue muy claro en la conferencia de prensa que dio hace dos semanas al afirmar que no hay elementos para vincular a los estudiantes con algún grupo criminal.

-Hay un esfuerzo por tratar de esclarecer el crimen de Ayotzinapa. Al mismo tiempo, el secretario (se encarga de la búsqueda de los estudiantes) y el procurador (lleva adelante la investigación judicial) no entienden que no es un hecho aislado. Lo sucedido en Iguala es el ejemplo más grave de la incapacidad del Estado mexicano para entender la importancia del problema de la desaparición forzada y enfrentarlo con políticas públicas.

–Este hecho tiene los elementos para transformarse en un punto de inflexión en la historia de México. Hay una movilización social muy fuerte que no se observaba desde la Caravana por la Paz encabezada por el poeta Javier Sicilia cuando asesinaron a su hijo. Que el alcalde esté detenido, el gobernador haya tenido que renunciar, el procurador general, el secretario de Gobernación y el presidente tengan que reunirse con los familiares, y el Congreso haya creado una comisión de investigación muestra un escenario que demanda respuestas de la clase política.

–La comunidad internacional muestra disposición a trabajar no sólo en este caso, sino mirando al futuro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmó un acuerdo de cooperación técnica y está dispuesta a enviar expertos a trabajar con las autoridades mexicanas. Eso debería transformar la tragedia de Iguala en un divisor de aguas. Lamentablemente, no observé ese diagnóstico ni la intención de adoptar políticas estructurales en las autoridades federales mexicanas. En algunas reuniones nos indicaron que las contrariedades fundamentales de desapariciones forzadas correspondían al sexenio anterior y no a la presidencia de Peña Nieto.

–Una de nuestras observaciones fue que no existen protocolos a todos los niveles que regulen el uso de la fuerza. Muchas de las comisiones estatales (defensorías del pueblo) carecen de independencia suficiente para supervisar a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas no colaboran con las investigaciones. Hay temor de jueces y fiscales de investigar, miedo que se traslada a familiares y testigos para declarar contra esas fuerzas de seguridad y que se comparte con periodistas que temen describir y reportar hechos de violencia. Hemos visto que no solamente es la lógica del ejército en las calles, sino que, en gran parte de los estados, las fuerzas de seguridad dependen de generales retirados. Y aunque manejan lógicas distintas, las policías suelen estar comandadas por ex militares.

–Vi unas familias muy dolidas, angustiadas por la situación, pero exigiendo con firmeza que sus hijos aparezcan con vida. No observé ningún sentimiento de odio o revanchismo. En la reunión con los compañeros de los jóvenes percibí un altísimo grado de madurez política: entienden quiénes son los actores con algún tipo de responsabilidad penal o institucional en estos hechos, los escenarios posibles que pueden desencadenarse, saben que la prioridad no es volver a clase, sino que se determine la suerte de esos 43 compañeros y que continuarán en su búsqueda de verdad y justicia hasta las últimas consecuencias.

–En el encuentro con los padres, cuando les pregunté por las edades y los nombres de sus hijos, ellos remarcaron, a pesar de que todos hablamos de “los 43 estudiantes”, que ellos buscan a 43 hermanos, 43 compañeros, 43 amigos, 43 novios, 43 padres. Esa reunión me ayudó a entender que se trata de personas y no de números u objetos. Esta experiencia fue la más importante de mi viaje.

La larga noche mexicana devolvió el cuerpo de Julio César Fuentes Mondragón torturado, sin ojos, con el rostro arrancado. En junio había cumplido 22 años. “¡Ojalá su sangre sea para bien del pueblo!”, dijo uno de sus familiares en una entrevista con Telesur. “Mínimo tengo donde llorarle, sé dónde está. De todo esto ojalá venga algo bueno”, fue el consuelo que encontró la madre. México tiene las claves del cambio en sus manos.