El conflicto que enfrenta la Argentina en los tribunales del juez Thomas Griesa en Nueva York no tiene únicamente por escenario ese recinto. A lo largo de los últimos dos años, a partir del embargo dispuesto por el magistrado sobre los pagos de deuda argentinos a fines de 2012, el Gobierno ha impulsado una apertura del debate en distintos foros internacionales apuntando a torcer una resolución que consideraba no sólo arbitraria sino, además, peligrosa a futuro para países que debieran afrontar procesos de reestructuración de deuda. Es significativo ver cómo, a pesar de los pronósticos más apocalípticos que se planteaban para la Argentina por aquel gesto de “desobediencia” hacia el orden imperante en las finanzas internacionales, hoy el tema aparece instalado y obtiene eco en declaraciones y resoluciones de las Naciones Unidas, el FMI, el Grupo de los 20, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales y hasta en una editorial de The New York Times.

Medio año atrás, la resolución del juez Griesa condenando a la Argentina a pagar todo lo que los fondos buitre le demandaban quedaba en firme, por el respaldo que, cada una a su manera, le otorgaban la Corte de Apelaciones de Nueva York y el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El último intento de frenar la ofensiva, la solicitud de un stay –prórroga de ejecución del fallo– hasta fin de año también resultaba rechazada. Sin embargo, pese al bloqueo de los pagos internacionales en el marco de la reestructuración de la deuda argentina, “de hecho” no hay ejecución a favor de los buitres ni el magistrado tiene cómo hacerla efectiva. Más que las razones expuestas por la parte argentina ante los estrados, pesó el contexto internacional que, incluso a nivel de los referentes del sistema financiero internacional, empieza a expresar sus reparos frente al fallo y la interpretación pro buitre del juez.

“El caso argentino no tienen ningún ganador, pero muchos perdedores”, tituló el último viernes su editorial el jefe de la sección Finanzas de The New York Times, Floyd Norris, el cual plantea que “el sistema judicial de Estados Unidos puede haberse excedido en sus facultades y puede que se vea obligado a retractarse”. Tras señalar que “el mundo de las deudas soberanas quedó patas para arriba tras la victoria de los fondos de inversión encabezados por Elliott Management contra Argentina”, hace una referencia directa a las consecuencias ulteriores: “El fallo contra Argentina les dio a los bonistas una razón para no entrar en futuras reestructuraciones de deuda internacionales”.

A fines de agosto pasado, un pronunciamiento de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, organización con sede en Suiza y representativa de institutos que aglutinan a bancos e inversores en las principales capitales financieras, también hacía oír su voz sobre el asunto. En este caso, recomendando nuevas pautas contractuales para la emisión y suscripción de títulos de deuda soberana, contemplando el uso de “cláusulas de acción colectiva”, es decir que, frente a una eventual reestructuración de vencimientos, con el acuerdo de los titulares del 75 por ciento de las acreencias el nuevo esquema debería ser obligatorio para todos. La propia asociación, al fundamentar la recomendación, sostuvo que “la interpretación de la cláusula pari passu que realizó la Justicia estadounidense conlleva una considerable incertidumbre para las futuras reestructuraciones”.

Más recientemente, en octubre de este año durante su asamblea anual, el FMI hizo conocer su advertencia sobre “la falla en la interpretación de la Corte de Nueva York sobre la cláusula pari passu” y la necesidad de implementar las cláusulas de acción colectiva en nuevas emisiones de bonos soberanos.

En lo que respecta a los foros gubernamentales, la Argentina logró incorporar el tema en Naciones Unidas, obteniendo una resolución a favor de la redacción de una convención para proteger las reestructuraciones de deudas soberanas (septiembre de este año), y una nueva alusión al tema en los documentos anexos (más explícitamente que en la Declaración final) de las conclusiones de la última cumbre del G-20, una semana atrás. “Dados los desafíos que presenta la litigiosidad y a fin de fortalecer el orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deudas soberanas, damos la bienvenida al trabajo internacional sobre el fortalecimiento de cláusulas de acción colectiva y pari passu. Alentamos a la comunidad internacional y al sector privado a que promuevan activamente su utilización”, se puede leer allí.

Si bien ninguno de estos documentos o pronunciamientos expresa una condena explícita a los fondos buitre, marca en cambio la preocupación internacional sobre el asunto. Los fondos especulativos como Elliott, Aurelius o EM Ltd. no son fenómenos ajenos al sistema financiero internacional ni su actitud repugna a la gran banca internacional o al FMI. Pero en las actuales circunstancias, están poniendo en riesgo uno de los negocios más rentables para esa banca globalizada: las reestructuraciones de deudas.

Precisamente, esa contradicción es la que se ve reflejada en los medios internacionales y en los pronunciamientos de organizaciones bancarias a favor de un “ordenamiento” que preserve las reestructuraciones de deuda. El mérito del gobierno argentino es haber puesto en debate la cuestión, y sacar provecho de esa grieta abierta en la banca internacional.

En una partida en la que cada cual juega sus intereses y las coincidencias sólo pueden ser puntuales, la Argentina podrá aprovechar estas circunstancias para seguir fortaleciendo su posición en la disputa con los fondos buitre, como lo ha hecho a lo largo de estos dos últimos años. Pero no se puede esperar que la banca internacional acompañe al país en el cuestionamiento a la jurisdicción de Nueva York para resolver las controversias. Con fallos menos groseros que los de Griesa, quizás, el sistema financiero internacional seguirá apostando a sus propios tribunales para dirimir conflictos. Esa seguirá siendo, para la Argentina y toda la región, una batalla pendiente.