[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde Río de Janeiro

Al aceptar un pedido de juicio político cuyo objetivo es la destitución de Dilma Rousseff por el Congreso, el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB, profundizó aún más una crisis que ya era tremendamente seria. Se trata, sin medias palabras, de un intento de golpe parlamentario contra una mandataria electa por expresa voluntad popular.

No fue exactamente una sorpresa: desde hace meses que Cunha, denunciado en un sinfín de escándalos y bajo juicio del Consejo de Ética de la Cámara, amenazaba con abrir el proceso de destitución a menos que el gobierno le asegurase que el PT no votaría en su contra.

El pasado miércoles, pocas horas después de que los tres integrantes del partido de Lula y Dilma en el Consejo anunciaron que votarían por su condena, el presidente de la Cámara reunió a la prensa para comunicar que “por razones estrictamente técnicas” había decidido aceptar un pedido de impugnación del mandato de Dilma.

Con aire contrito, dijo que “no estaba feliz”. Acto seguido, disparó por las redes sociales mensajes de autoelogio por la medida adoptaba. El gobierno, ya fragilizado, pasó a enfrentar su etapa más grave y delicada. Le resta el consuelo de haber terminado con un chantaje abyecto.

En un primer momento, estas son las perspectivas:

Dilma reaccionará en dos frentes, el jurídico y el político. En el jurídico, recurrirá a la Corte Suprema, argumentando que la medida carece de base legal. Varios integrantes de la Corte ya manifestaron que Cunha no tiene “condiciones políticas y morales” para seguir presidiendo la Cámara. Pero de ahí a anular su decisión hay una larga distancia. Lo más probable es que la Corte no adopte ninguna medida en ese sentido.

En el campo político, todo es imprevisible. Hoy, lunes, se instalará una Comisión Especial que analizará el tema. Son 65 integrantes de todos los partidos, en número proporcional a las bancadas. Teóricamente, la base aliada tiene cómoda mayoría (36 integrantes). El problema es que los aliados no merecen ninguna confianza. De seguro, hay los ocho votos del PT y media docena más, de partidos de la izquierda. Se considera difícil que la apertura de juicio político sea derrotado en esa primera instancia.

Una vez que la Comisión Especial llegue a una conclusión, el tema irá al Pleno. Serán necesarias tres cuartas partes de los 513 diputados, es decir, 342 votos, para que el juicio se instaure y Dilma sea apartada.

El gobierno necesita, por lo tanto, 171 votos contrarios a la apertura del proceso. A principio, no será una tarea difícil. Cálculos iniciales de los estrategas de Dilma indican que ella puede contar con por lo menos 200 votos. El problema es que, a excepción de los diputados del PT y de partidos de izquierda que no integran la base aliada, y que en su total apenas superan la centena, nada es seguro.

El PMDB, que con 66 diputados es el principal aliado, merece escasa confianza. Si Dilma es alejada, asumiría el vicepresidente, Michel Temer, que es del partido.

En vísperas del anuncio de Cunha, Temer se reunió por horas con caciques de la oposición. Luego del estallido de la bomba, conversó con Dilma, por media hora. Ya no hubo otro diálogo entre los dos.

Eso despertó alarmas en el gobierno, que tiene sobradas razones para temer una traición. El vicepresidente se negó a respaldar la presidenta. Conspira de manera clara, pero resguardándose.

Vale reiterar que, en este momento, todo es imprevisible. Si Dilma se consolida, Temer volverá a su lado. Si se debilita, Temer asomará como salvación.

Ese es el criterio de lealtad y decencia que tienen casi todos los políticos brasileños.

Si el gobierno logra los 171 votos favorables en la Cámara, se acabó el asunto. Si no logra, Dilma es alejada mientras el Senado, que tiene la palabra final, decide su suerte.

Pero aunque logre preservar su mandato, la presidenta no tendrá condiciones de seguir gobernando.

La oposición, derrotada en el voto popular, se muestra exultante. PSDB y DEM, los principales oposicionistas, dan por seguro que el proceso será instaurado y que se logrará tumbar a la mandataria.

Se puede calcular con relativa seguridad que no habrá conclusión antes de meses. Todo dependerá de lo que se decida sobre el receso parlamentario, inicialmente previsto para ocurrir entre el 23 de diciembre y el 2 de febrero.

La oposición quiere que el proceso se alargue lo máximo posible. Dilma tiene urgencia, pues el gobierno –y el país– estarán paralizados.

Cuenta, a favor de Dilma, el desgaste y la desmoralización de Eduardo Cunha. Cuenta, en su contra, su escasísima habilidad en el trato con los políticos, además de sus frágiles relaciones con el Congreso.

Su gobierno enfrenta un fuerte rechazo popular, que seguramente tendrá peso a la hora de la Cámara de Diputados de decidir su futuro. La crisis económica alcanzó niveles inéditos en las últimas décadas, insuflando aún más la incertidumbre y la profunda insatisfacción de la opinión pública.

Resumiendo: el cuadro, que ya era extremamente preocupante, se transformó en gravísimo.

No hay ninguna razón concreta, ninguna base mínimamente sólida, para que se abra ese juicio que podrá tumbar a una presidenta electa por el voto popular hace poco más de un año.

Vale reiterar: se trata de un intento de golpe parlamentario, promovido por un amoral y apoyado por resentidos.