Desde Barcelona

La mayoría absoluta de la que el Partido Popular (PP) gozó durante los cuatro años de su última legislatura le permitió modelar el país a su antojo, derogando leyes fundamentales como la de la Justicia Universal, modificando las bases del sistema educativo o el laboral y aferrándose con uñas y dientes a una Constitución que, pese a ser considerada caduca en muchos aspectos por gran parte de la ciudadanía, lo amparaba en su habitual inmovilismo.

Pero la historia avanzó ayer y las reglas del juego parecen ser que ya no las decide uno solo. Los cuatro partidos ahora presentes en el Congreso deberán pactar, negociar, dialogar el futuro de España. Y la legislatura que comienza en enero tiene muchos e importantes frentes abiertos. La primera papa caliente que llega a manos de los nuevos diputados es la decisión de si los presupuestos generales del 2016 –aprobados a toda velocidad por Mariano Rajoy antes del fin de su mandato– se aplican tal cual o son modificados, como exige la Comisión Europea (CE). Las directrices de Bruselas exigen un recorte de 10.000 millones de euros sobre esas cuentas públicas ya que consideran que España no podrá cumplir el objetivo de déficit que se le impone, pero la petición tendrá que ser atendida por el nuevo Ejecutivo, dado lo tarde que el gobierno de Rajoy –sólo con los votos de su partido– aprobó los presupuestos del Estado.

Esta jugada fue duramente criticada por el resto de las formaciones, que la considera “una trampa” tendida a la flamante legislatura, ya que encubre la necesidad de un ajuste de 10.000 millones el año próximo. “El nuevo gobierno va a tener que cambiar el presupuesto y acudir a más recortes o a subidas de impuestos”, coincidieron en señalar, de un modo u otro, todos los portavoces de la oposición.

Otro de los retos que se le presenta a quien (o quienes) dirijan este nuevo ciclo es la gestión del problema que más preocupa a los españoles: el desempleo. El segundo país de la Unión Europea (UE) con la tasa de desocupación más alta –el 21,6 por ciento (sólo superada por Grecia con el 25 por ciento)– deberá resolver si continúa el camino iniciado por el PP a base de su controvertida reforma laboral o, como abogan todos los partidos excepto Ciudadanos, la derogan y reanudan la marcha en otra dirección. La bandera que Rajoy blandió orgulloso durante toda la campaña electoral fue la de la recuperación económica y la creación de empleo, amparándose en los últimos datos de octubre con el mayor descenso del desempleo en un trimestre desde 2006. Lo que, en opinión de todos los partidos de la oposición y los principales sindicatos, esconden las cifras es la acuciante precariedad laboral que acompaña ese supuesto aumento de los puestos de trabajo.

Con la reforma laboral aprobada en solitario por el PP se dispararon los llamados “contratos basura” (sin indemnización por despido, contratos a tiempo parcial, caída de los salarios) y esa subida del número de empleados promovida por la degradación de las condiciones laborales, por otra parte, sólo comprende el rango de edad de 25 a 54 años. Los menores de 25 años y los mayores de 55 vieron, en cambio, cómo sus tasas de desocupación en los últimos cuatro años aumentaban del 45,58 por ciento al 46,58 por ciento (en el caso de los más jóvenes) y del 14,36 por ciento al 17,78 por ciento, en el caso de los más mayores.

La unidad de España también está en juego en la legislatura de los próximos cuatro años. El desafío independentista de Cataluña llegó, tras las últimas elecciones regionales de septiembre, a su punto álgido con la moción secesionista que el Parlamento catalán refrendó y, acto seguido, el Tribunal Constitucional anuló, a petición del gobierno de Rajoy. El o los grupos que queden finalmente al mando del país deberán articular una respuesta a la acción que el nuevo Ejecutivo catalán emprenda, una vez se constituya su gobierno (la investidura está todavía paralizada por el veto del grupo de izquierdas, la CUP, a Artur Mas). Pero el consenso en este punto no se prevé sencillo, teniendo en cuenta que las propuestas sobre el modelo territorial con el que se presentaron los candidatos distan kilómetros unas de otras. Mientras que Mariano Rajoy apuesta por la defensa acérrima de la ley, una nueva financiación y la promesa de un diálogo que en estos cuatro años nunca existió, el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, aboga fundamentalmente por una reforma de la Constitución en clave federal. Por su parte, el número uno de Ciudadanos, Albert Rivera, se posiciona radicalmente en contra de la independencia y quiere modificar la Carta Magna para colocarle un candado y terminar con las exigencias nacionalistas; y Pablo Iglesias, de Podemos, propugna avalar la celebración de un referéndum para que los propios ciudadanos catalanes decidan.

El riesgo de una fractura de España puso sobre el tapete la vigencia o no de la Constitución redactada en 1978 por los protagonistas de la Transición de la dictadura franquista a la democracia. La creación de las comunidades autónomas fue fruto de ese acuerdo y, en opinión de socialistas, Podemos, Izquierda Unida y las fuerzas independentistas, no responde a la verdadera pluralidad de identidades y necesidades que conviven en el Estado. Por otro lado, la reforma constitucional que pretenden llevar adelante todos los grupos salvo el PP apunta a la regeneración democrática de un país cuyo sistema electoral o de financiación de partidos se encuentran desfasados y, según los partidarios de una nueva Carta Magna, en el seno del descrédito que la mayor parte de la ciudadanía siente hacia una clase política que “no los representa”.