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Por Ernesto Ekaizer*
Desde Santiago

El juez chileno Juan Guzmán, a cargo de la investigación de las principales causas contra el ex dictador Augusto Pinochet, se trasladó ayer a Quintero, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, para presenciar cómo un equipo de buzos extraía del mar vías de tren que fueron usadas como lastre para hundir cuerpos de desaparecidos en 1976. En el puerto de Quintero un equipo de buzos estaba preparado para realizar una operación con la cual se pretende cerrar unos de los sumarios abiertos, el llamado caso Conferencia, calle de la capital chilena en la que las fuerzas de seguridad detuvieron a la plana mayor del Partido Comunista chileno, en 1976, los cuales, en muchos casos, fueron arrojados al mar.
El juez cuenta con testimonios de primera mano, según los cuales los cuerpos fueron arrojados a 700 metros de la costa unidos a trozos de vía de tren. Al regreso a Santiago del juez, previsto para hoy, se esperaba la citación oficial de Pinochet para ser interrogado en otra causa, los asesinatos de la llamada Operación Cóndor, asociación entre las dictaduras militares latinoamericanas a mediados de los años setenta para eliminar opositores. El juez, según fuentes solventes, aspira a poder tomar declaración indagatoria a Pinochet esta semana, un paso previo a dictar auto de procesamiento. Esto sigue a la histórica decisión por la Corte Suprema de Justicia de Chile de sostener el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de levantar la inmunidad al ex dictador, una decisión que se basó en parte en el descubrimiento de que Pinochet realizó complejas operaciones clandestinas de transferencia de dinero durante el tiempo en que se le diagnosticó “demencia moderada”, un pretexto de la defensa para que su cliente no sea sometido a juicio.
Mientras tanto, el ministro de Defensa español, José Bono, pronunció la noche del pasado lunes una conferencia en la antigua sede de la dictadura militar y actual edificio del Ministerio de Defensa Nacional. Bono explicó, sin ambages, que “el ejército, en un país democrático, debe obedecer al que manda, es decir, a las autoridades constitucionales”. En el marco de un clima político cargado por la exigencia del comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheyre, de que se ponga un “límite prudencial” a los procesos judiciales contra militares involucrados en violaciones de derechos humanos, el ministro español “dio una mano”, según fuentes chilenas, a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.