Con una vasta experiencia en el tema de derechos humanos, Leandro Despouy, auditor general de la Nación, fue uno de los relatores especiales de la ONU que participó en la elaboración del informe que solicita el cierre de la prisión de Guantánamo. El diplomático, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el 2001 y presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos en 1987, habló con Página/12 sobre el impacto de la investigación que realizó junto a otros cuatro relatores, y en la cual se especializó en la independencia de jueces y magistrados. “Que el informe haya tenido tanta repercusión en menos de 24 horas indica que el mismo contiene elementos de veracidad y contundentes”, dijo Despouy.

–¿Qué opina de las declaraciones de la Casa Blanca de que el informe es un “refrito” de acusaciones anteriores y que desprestigia a la ONU?

–Todo Estado tiene derecho a dar su opinión sobre informes que contienen críticas o apreciaciones sobre su gestión o comportamiento. Lo importante es que la ciudadanía conozca la posición de unos y de otros y se forme un juicio propio.

–La Casa Blanca declaró que el informe carece de sustento porque los relatores rechazaron la invitación a Guantánamo. ¿Cuál es su respuesta?

–En junio del 2004, la ONU encomendó la elaboración del informe a cinco expertos. Estados Unidos cursó la invitación para visitar Guantánamo solamente a tres personas. Como las condiciones que se plantearon eran inaceptables, rechazamos la invitación. Sería un precedente muy nefasto que un experto visite las instalaciones y no pueda ver a los detenidos. Incluso antes de la invitación, yo había anunciado que si no se adecuaba a los procedimientos de la ONU, que significa la posibilidad de una visita sin testigos y directamente con los detenidos, no viajaría.

–Ante el hecho de no poder visitar la prisión, ¿cómo realizaron la investigación?

–Lo que hicimos fue entrevistar a ex detenidos de Guantánamo, que conocen bien la situación que se vive en la prisión, a sus familias, a abogados de las personas detenidas actualmente y a diversas fuentes de ONG. En base a todo esto elaboramos un largo informe, muy bien documentado y que tiene sustento en fuentes muy fidedignas. La prueba de su credibilidad es lo que ha acontecido en menos de 24 horas, ya que todo Occidente ha respaldado el informe. Se han suscitado idénticos reclamos por parte del secretario general de la ONU, Kofi Annan, del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución con 80 votos a favor, y las ONG de distintas partes del mundo. Esto marca un antes y un después en el tratamiento de la situación por parte de la comunidad internacional.

–¿Piensa que el informe va a tener algún impacto en la conducta de la Casa Blanca, que es tan refractaria a las críticas?

–Cuando uno hace una recomendación lo hace con la esperanza de que el destinatario la haga suya. Ojalá sea éste el resultado. Por otra parte, creo que el informe, por su solidez y contundencia, va a suscitar un interés marcado en la opinión pública mundial y en instituciones importantes, que espero que ejerzan la noble influencia para que se adopten las medidas que el mundo espera cada día más.

–¿Hay alguna medida que pueda tomar la ONU para el cierre de la prisión?

–El informe se someterá a la Comisión de Derechos Humanos en su próxima reunión entre marzo y abril, en la cual se debatirá y se sacarán conclusiones. A partir de eso, se podrían adoptar resoluciones que pueden significar la condena de los hechos, tanto de parte de la Comisión como por parte de la Asamblea General. Pero sería importante que entretanto haya un cambio de la situación.

Reportaje: Virginia Scardamaglia.