El legislador de Autodeterminación y Libertad Gerardo Rogmanoli anunció ayer su retiro de la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña con el argumento de que el juicio político a Aníbal Ibarra “es un show, una simplificación de blancos contra negros, de buenos contra malos” y después de denunciar que se “está enturbiando la posibilidad de conocer la verdad y las responsabilidades políticas”. Tras el anuncio del zamorista, desde el gobierno de la ciudad advirtieron que debería declararse la nulidad del proceso, pero la idea de los legisladores es continuar sin Romagnoli, quien fue criticado por sus pares y por los familiares de las víctimas de República Cromañón. Para la destitución de Ibarra siguen siendo necesarios diez votos, pero ahora habrá que reunirlos entre catorce legisladores en lugar de quince. No es un dato menor, porque implica que el destino del jefe de Gobierno queda exclusivamente en manos del kirchnerismo.

La renuncia de Romagnoli a la Sala Juzgadora era lo que le faltaba a un juicio político que no se ha caracterizado por su prolijidad. No fue del todo sorpresiva, porque el zamorista casi no concurría a las audiencias en las que se debate el futuro de Ibarra y varios especulaban con que hiciera algo como lo que hizo, pero aun así dejó perplejos a sus colegas.

Ibarra había recusado a Romagnoli al comienzo del juicio político. Pidió que lo apartaran del proceso, porque lo comparó con Alfredo Fanchiotti, el ex comisario condenado por el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La solicitud del jefe de Gobierno no prosperó: la mayoría opositora ratificó al zamorista. Al momento de aquella decisión, el de Romagnoli era contado como un voto seguro a favor de la destitución del jefe de Gobierno.

Aun cuando de entrada cargó las tintas sobre Ibarra, el legislador de Autodeterminación y Libertad siempre responsabilizó también al conjunto del “sistema” político y a la propia Legislatura por lo ocurrido en República Cromañón. “Desde un principio dijimos que Ibarra era responsable, pero no el único, y que no estábamos de acuerdo con que los legisladores se exceptuaran de sus propias responsabilidades”, destacó a Página/12 después de anunciar su renuncia.

Romagnoli fundamentó su decisión de apartarse de la Sala Juzgadora en que “este juicio político está enturbiando la posibilidad de conocer la verdad y las responsabilidades políticas” y se convirtió en “un circo lleno de operaciones del macrismo, del kirchnerismo, del propio ibarrismo y de una izquierda acoplada”. También dijo que el proceso al jefe de Gobierno “es un show”.

Los ibarristas celebraron la argumentación de Romagnoli por entender que coincide con sus propios planteos sobre el juicio político. “Lleva al extremo los argumentos que nosotros mismos planteamos en cuanto a que este proceso está viciado”, subrayó a este diario uno de los hombres que de inmediato se reunió con Ibarra a analizar las derivaciones del alejamiento de Romagnoli.

Ibarra evaluó con sus colaboradores más cercanos que la renuncia de Romagnoli implica la nulidad del proceso, pero que la Legislatura va a seguir adelante. “El juicio –les dijo– está herido de muerte, porque a todas las irregularidades y al hecho de que no haya un solo testimonio que justifique la destitución, se suma ahora el enchastre de que un miembro de la propia Sala Juzgadora diga que es un show.”

La posición de Ibarra frente a la renuncia de Romagnoli la fijó en público el jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, quien es además su principal operador político. “Si la Sala Juzgadora no modifica su marco procedimental, debería declarar nulo el juicio, porque eso es lo que establece para el caso de renuncia de un juez el Código de Procedimiento que se adoptó como reglamento”, sostuvo el funcionario, aunque dijo suponer que los legisladores “van a volver a apartarse del Código y continuar el proceso los catorce que quedan”.

La Legislatura no dio ni la más mínima señal de que se vaya a dar por nulo el proceso. En ese caso habría que hacer un nuevo juicio, pero en ningún lado está contemplado el modo de reemplazar a Romagnoli y además ya no hay tiempo: la Constitución porteña establece expresamente que el jefe de Gobierno sólo puede permanecer suspendido cuatro meses y que, si en ese lapso no es destituido, debe ser repuesto en su cargo.

La Constitución local también estipula que para la destitución se requiere el voto de diez de los miembros de la Sala Juzgadora. Por más que Romagnoli no esté, ese número no varía.

Ibarra tiene garantizados dos votos a su favor en la Sala Juzgadora. Con Romagnoli fuera de juego, ahora sólo necesita que lo apoyen también los tres kirchneristas que lo están juzgando para asegurarse la permanencia hasta el 2007 en la Jefatura de Gobierno. Así como deja al macrismo y la izquierda en serio riesgo de fracasar si intentan avanzar en el desplazamiento de Ibarra, la renuncia de Romagnoli también compromete al kirchnerismo, porque la eventual remoción del jefe de Gobierno lo dejaría parado en la misma vereda que Mauricio Macri.

El cambio de escenario no pasó inadvertido para los familiares de Cromañón, quienes atribuyeron lo de Romagnoli a una maniobra del jefe de Gobierno. Los macristas también alimentaron las sospechas al respecto, pero los ibarristas negaron cualquier vinculación con el zamorista y recordaron que fue el macrismo el que lo defendió frente a la recusación.

Romagnoli se defendió de las acusaciones y de las críticas de los otros legisladores: “Si uno hace una cosa, dice que favorece a Ibarra; y si hace otra, dicen que favorece a Macri. Actúo de acuerdo a mis convicciones y la mía es una decisión política y fundada”.