En los años ’20, en consonancia con la creciente importancia mundial de la explotación del petróleo, llegaron a Bolivia las primeras empresas extranjeras. La guerra del Chaco (1932-1935) entre Bolivia y Paraguay –interpretada como un enfrentamiento entre la Standard Oil (estadounidense, con intereses en Bolivia) y la Royal Dutch Shell (afincada en Paraguay)– provocó los primeros conflictos entre los militares nacionalistas que cuestionaban al “régimen oligárquico” y la petrolera estadounidense. Las evidencias de que contrabandeó combustible al bando enemigo, vía Argentina, justificó la primera nacionalización, concretada por el gobierno del “socialista militar” David Toro y considerada por la historiadora Magdalena Cajías “una de las primeras acciones antiimperialistas de la historia latinoamericana”.

Fue el 13 de marzo de 1937. La Resolución Suprema señalaba: “Declárese la caducidad de todas las propiedades de The Standard Oil Co. Of Bolivia dentro del territorio de la República, por defraudación comprobada de los intereses fiscales”. Pese al fallo en su contra de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno proestadounidense de Enrique Peñaranda acordó, en 1942, indemnizar a la empresa con 1.500.000 dólares de ese momento.

Pocos meses antes, se fundaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que en los años ’50 logró el autoabastecimiento de hidrocarburos y fue, durante muchos años, parte del orgullo nacional. Pero, al tiempo que nacionalizaba las minas, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se mostró ambiguo en el tema petrolero y una parte de los funcionarios apostó claramente por una política de “puertas abiertas” que se expresó en el Código Davenport de 1955.

En 1969, en otra ola de gobiernos nacionalistas militares, el general Alfredo Ovando nacionalizó –también ocupando militarmente– la Bolivian Gulf Co., símbolo de la vieja “política entreguista”. En este caso, también la empresa fue indemnizada. Luego vendría otro militar, Hugo Banzer Suárez, que instauró una dictadura anticomunista favorable a la extranjera que continuó debilitando a YPFB hasta que fue desmantelada por la “capitalización” de Gonzalo Sánchez de Lozada en los años ’90. El argumento de la derecha es que con esta ley ingresaron más de una decena de empresas extranjeras que convirtieron a Bolivia en el país gasífero que es hoy.

La historia reciente es más conocida. En 2003, un conflicto vinculado con la venta de gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos desencadenó la denominada “guerra del gas” que, con un saldo de más de 60 muertos, expulsó del poder al “gringo” Sánchez de Lozada. Luego la bomba estallaría en manos de su sucesor, el moderado Carlos Mesa, quien involuntariamente promovió, con sus indefiniciones, el crecimiento de la demanda nacionalizadora y su propia salida anticipada del poder. En el caso de Evo Morales operó una radicalización de su política hidrocarburífera, del reparto 50/50 de la torta entre las empresas y el Estado hasta el decreto de ayer, empujado en parte por los propios movimientos sociales que constituyen su base social.

Para los liberales se trata simplemente de una nueva etapa en la lucha por la renta en un país “con mentalidad rentista” y conservador; para los nacionalistas de un ajuste de cuentas con la historia reciente. No es la primera vez que las intenciones difieren de los resultados y Bolivia es una suerte de paradigma de buenos deseos con escasos resultados. Pero el debate vendrá hoy, ayer era sólo sorpresa y spots patrióticos de defensa de la medida.